Boletines encontrados con la etiqueta "Arbitraje"



Boletín Virtual Número 101

Julio de 2017

1. ¿Es acertado descartar la validez probatoria de un documento consistente en una grabación de voz en sistemas magnéticos por no comprobarse la autenticidad de dicho documento?

 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta positiva a esta pregunta en la Sentencia del 24 de abril de 2017, (Radicado No. 11001-31-03-027-2009-00440-01, Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco) al resolver desfavorablemente un recurso de casación por restarle valor probatorio a grabaciones magnetofónicas por no comprobarse la identidad de su emisor. Afirmó la Corporación que las grabaciones de voz son consideradas medios de prueba de carácter documental, por lo que su eficacia probatoria se liga a la verificación de su autenticidad, es decir, de la comprobación de quien lo ha suscrito o elaborado.

Si bien se había afirmado que los documentos de carácter declarativo provenientes de terceros se apreciarían sin necesidad de ratificar su contenido (salvo que la parte contraria lo solicitara), en esta oportunidad la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aseveró que: “A no dudarlo, las cintas, discos o casetes pueden ser aducidos como pruebas documentales, pero su valor, su eficacia y alcance probatorio está determinado por la autenticación de la declaración y reconocimiento de la voz por parte de su autor; sin importar, como lo ha enseñado la Sala, si provienen de una de las partes o de un tercero”. Consulte aquí la jurisprudencia (más…)

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Boletín virtual Número 100

Junio de 2017.

1. ¿La acción de cumplimiento es un mecanismo idóneo para hacer efectivo el cumplimiento de una norma andina?

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de marzo de 2017[1] con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, respondió afirmativamente a este interrogante. La Corporación señaló que, si bien las normas de la Comunidad Andina de Naciones no son leyes en sentido estricto, sí tienen fuerza material de ley y, por tanto, pueden ser objeto de acción de cumplimiento.

La Sección Quinta siguió los lineamientos trazados en la sentencia de interpretación prejudicial 575-IP-2015, en la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en desarrollo de los principios de preeminencia, efecto directo, y aplicación inmediata, concluyó que “(…) los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina pueden interponer las acciones procesales correspondientes ante las autoridades nacionales competentes con el objeto de lograr el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico de la comunidad andina.” Esto, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la acción de incumplimiento andina.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Estado concluyó: (más…)

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Boletín virtual número 97

Marzo de 2017

1. En el marco de la acción de tutela contra providencias judiciales ¿procede la causal por desconocimiento del precedente judicial cuando un Tribunal contencioso, en una acción de reparación directa, desatiende el precedente del Consejo de Estado en materia de responsabilidad por falla del servicio, con ocasión de la muerte de un agente de la policía que, junto con otros, se desplazó, por orden de un superior jerárquico, en zona de riesgo sin que, previamente, sus superiores cumplieran con la obligación de solicitar el acompañamiento del ejército?

En sentencia de tutela T- 582 del 25 de octubre de 2016, con ponencia de magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la sala cuarta de la Corte Constitucional respondió de forma afirmativa a este interrogante.
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Boletín virtual número 95

Noviembre de 2016

1. ¿El “error inducido” es la misma vía de hecho por consecuencia originada en una prueba falsa?

La respuesta es afirmativa, pues un juez que lleva el proceso por el ritual indicado por la ley, con total garantía de defensa para las partes y que a pesar de ejercer en debida forma su valoración crítica de las pruebas, no logra que su certeza fáctica se identifique con la realidad de lo acaecido, en virtud a un error cometido por alguien externo al proceso, verbigracia por un dato estadístico equivocado o información falsa proveniente de una autoridad registral, se dice que fue inducido por esa errática información, lo que es lo mismo una vía de hecho por consecuencia. (más…)

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Boletín virtual número 92

Agosto 2016

1. ¿Es contrario a la Constitución Nacional que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, contenido en el CPACA, solamente sea procedente en contra de sentencias proferidas por Tribunales Administrativos y no contra sentencias proferidas por el Consejo de Estado?

La Corte Constitucional, en sentencia C-179 de 13 de abril de 2016, respondió negativamente a este interrogante. La demanda de inconstitucionalidad se dirigía en contra de la expresión “por los tribunales administrativos”, consagrada en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, pues en concepto del accionante la exclusión de la sentencias del Consejo de Estado como susceptibles de este recurso violaba, entre otros, el derecho a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. La Corte declaró exequible tan apartado normativo al considerar que el mismo se encontraba de conformidad con el margen de configuración del legislador en materia procesal y que la distinción planteada entre las sentencias de los Tribunales Administrativos y las del Consejo de Estado obedecía a criterios razonables y objetivos. (más…)

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Boletín virtual número 91

Junio de 2016

1. ¿Puede incoarse una acción de tutela contra la sentencia de una tutela?

La respuesta es no, ya que existe una total improcedencia para intentar dejar sin valor ni efecto una sentencia de tutela, mediante otro fallo también en vía de tutela, en virtud a que un fallo de esta naturaleza tiene la posibilidad de ser impugnado vía apelación y finalmente la escogencia para la revisión ante la propia Corte Constitucional. (más…)

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