Boletines encontrados con la etiqueta "Arbitraje"



Boletín virtual número 64

Octubre de 2013

1. ¿En un proceso judicial son válidas las copias simples, aún las provenientes de terceros? ¿Debe desconocerse la sentencia SU 226 de 2013 de la Corte Constitucional?

La Sección Tercera del Consejo de Estado respondió de forma afirmativa a estas preguntas, en sentencia proferida el pasado veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013)[1] y mediante la cual se unificó la jurisprudencia sobre el particular. En el caso en concreto, en el cual se debatía la responsabilidad de los accionados en razón de una presunta privación injusta de la libertad, fueron allegadas copias simples del expediente penal correspondiente. Al respecto, el Consejo de Estado analizó los preceptos normativos probatorios vigentes, a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y particularmente de los principios constitucionales de buena fe, lealtad y confianza, con base en los cuales concluyó que las copias que obren en el expediente, aún las provenientes de terceros, son válidas, si respecto de ellas se han respetado los postulados de contradicción y defensa. (más…)

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Boletín virtual número 63

Septiembre de 2013

1. ¿Puede la Autoridad Administrativa exigir únicamente sentencia judicial, para acreditar probatoriamente la calidad de compañero(a) permanente supérstite, para el reclamo de pensiones de sobrevivientes?

El anterior interrogante fue absuelto en forma negativa por el Consejo de Estado Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González, en fallo de Tutela de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011), Radicación número: 19001-23-31-000-2010-00237-01(AC), de Alba Valencia Mera contra Caja de Retiro de las Fuerzas Militares: Sobre el particular, como quiera que el ordenamiento establece unas calidades para hacerse beneficiario de la pensión de sobrevivientes, resulta indispensable acreditarlas para acceder a ésta, por lo que el interesado está en la obligación de probar el cumplimiento de los requisitos legales y es procedente que la administración los verifique, no obstante, la exigencia de presentar una sentencia judicial como único medio de acreditación no es una medida válida. (más…)

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Boletín virtual número 60

Junio 2013

1. ¿Vulnera el derecho fundamental a la administración de justicia el juez que, frente a la indicación de una vía procesal incorrecta por parte del actor, no realice la correspondiente adecuación, guarde una posición pasiva en el proceso y finalmente profiera una decisión inhibitoria?

La Sección Primera del Consejo de Estado respondió de forma afirmativa a esta pregunta, en sentencia de tutela proferida el pasado 28 de febrero de 2013[1]. En el caso en concreto, el juez de primera instancia consideró en la sentencia que la vía procesal escogida por la actora, consistente en la acción contractual no había sido la adecuada y profirió fallo inhibitorio. El ad quem compartió la decisión del inferior, aunque advirtió que, en su concepto, la vía procesal adecuada era la de reparación directa. Al respecto, sostuvo el Consejo de Estado que tales decisiones claramente contrariaban la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, a la vez que implicaban la violación al derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, por cuanto el juez debe agotar todos los mecanismos que la ley pone a su disposición para evitar decisiones inhibitorias, lo cual no sucedió en el caso en concreto. En efecto, en el transcurso de las instancias nada se hizo para enmendar esta situación, pues los juzgadores se limitaron a asumir una actitud pasiva, pese a que desde el inicio de la actuación habrían podido advertir sobre la indebida escogencia de la vía procesal y realizar las adecuaciones que resultaran pertinentes, en aplicación del artículo 86 del Código de Procedimiento Civil. Advirtió igualmente que las decisiones inhibitorias son absolutamente excepcionales y solo proceden cuando “el funcionario ha agotado todas las alternativas jurídicas posibles para resolver el caso, siempre bajo el imperativo de la eficacia del derecho sustancial”. (más…)

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Boletín virtual número 50

Junio de 2012

1. ¿El arbitraje obligatorio en los contratos de concesión se ajusta al artículo 116 de la Constitución Política?

La Corte Constitucional en sentencia C-330 de 2012[1] respondió negativamente a este interrogante. En consecuencia, declaró inexequible el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994[2], que establecía la integración de un tribunal de arbitramento en caso de que una de las partes no aceptara el dictamen pericial en el cual se hubiera determinado el valor que le debe pagar el concedente al concesionario a la terminación del contrato. (más…)

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Boletín virtual número 48

Abril de 2012

1. ¿Las informaciones de prensa tienen valor probatorio?

En sentencia del 19 de octubre de 2011[1], la Sección Tercera del Consejo de Estado respondió de manera afirmativa a este interrogante. Consideró que si bien las informaciones publicadas en los diarios no pueden tenerse como una prueba testimonial -por cuanto no son suministradas, bajo la gravedad de juramento, ante funcionario judicial y el comunicador no da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho-, sí pueden ser valoradas como prueba documental. (más…)

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Boletín virtual número 46

Diciembre de 2011

1. ¿En la solicitud de requerimiento de designación de árbitros ventilado ante el Juez Civil del Circuito, el auto que rechaza este trámite por falta de competencia, es susceptible del recurso de apelación?

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en auto de 13 de julio de 2011 (Exp. No. 33-10-0636-01), con ponencia del doctor RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS, respondió negativamente el anterior interrogante al afirmar que “Ahora bien, aunque en efecto, dicha norma enlistó como apelable el auto que rechaza la demanda, la misma no podía aplicarse a la solicitud de designación de árbitros puesto que en estricto sentido, la presente actuación no es un proceso y tampoco se inicia con una demanda sino con una solicitud ante el juez civil del circuito” tal como lo dispuso el artículo 101 de la Ley 23 de 1991 que fue modificado por el artículo 9 del Decreto 2279 de 1989. (más…)

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