Boletines encontrados con la etiqueta "Contratos"



Boletín virtual número 91

Junio de 2016

1. ¿Puede incoarse una acción de tutela contra la sentencia de una tutela?

La respuesta es no, ya que existe una total improcedencia para intentar dejar sin valor ni efecto una sentencia de tutela, mediante otro fallo también en vía de tutela, en virtud a que un fallo de esta naturaleza tiene la posibilidad de ser impugnado vía apelación y finalmente la escogencia para la revisión ante la propia Corte Constitucional. (más…)

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Boletín virtual número 88

Abril 2016

1. ¿Es válido que el juez conozca y resuelva un recurso de revisión que se presentó luego de haberse cumplido el término de caducidad?

Sí, así lo ha decidido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de febrero de 2016, expediente 11001-0203-000-2004-01022-00, con ponencia del H. Magistrado doctor Ariel Salazar Ramírez, al declarar fundado un recurso de revisión formulado contra dos sentencias proferidas en 1987 y 1989. Para la Sala, aun cuando el recurso se formuló después de haber trascurrido los dos años que otorga para el efecto la Ley, y en consecuencia, sobre el mismo ya había operado la caducidad, las violaciones de las sentencias impugnadas eran de tal gravedad que, su revisión prima sobre la figura de la caducidad. Expresamente la Sala dijo: (más…)

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Boletín virtual número 87

Marzo 2016

1. ¿La nulidad de la actuación posterior realizada por el funcionario judicial, una vez pierde competencia para emitir la respectiva providencia, es insubsanable?

La respuesta es negativa. En providencia de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, Radicación número: 08001-31-03-006-2001-00247-01. Pretende el extremo demandante que se declare que le pertenece el dominio pleno y absoluto sobre unos predios, por haberse transferido a título de venta pura y simple el derecho de dominio y posesión sobre los mismos e inscritos dichos actos como falsa tradición. Lo anterior al haber considerado ser privado de la posesión que sobre éstos ejercía desde 1989, por haberse adjudicado los bienes a terceros por el INCORA, como consecuencia de la Resolución nº 2689 de 3 de junio de 1987, por medio de la cual se declaró que «no han salido del patrimonio del Estado atendiendo su condición de baldíos. El extremo demandado se opuso a las pretensiones señalando que los predios objeto de reivindicación son de propiedad del Estado. El A quo accedió a la B reivindicación ficta o presunta, decisión revocada por el Ad Quem quien negó las pretensiones de la demanda al no encontrar demostrada la existencia de título y modo. El demandante presentó demanda de casación, proponiendo cinco cargos con fundamento en las causales 1º y 5ª. (más…)

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Boletín virtual número 86

Diciembre de 2015

1. ¿Puede el poseedor demandante en un proceso de declaración de pertenencia, haciendo uso de la figura de la suma de posesiones, agregarle a su posesión la que ha ejercido el propietario demandado, cuando entre ellos se ha celebrado contrato de promesa de compraventa?

La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 de septiembre de 20151 , respondió negativamente el interrogante planteado. En este proceso el poseedor demandante formuló demanda en contra del propietario  B solicitando se le declarara dueño por haber adquirido el bien por prescripción extraordinaria y alegó la suma o agregación de posesiones, señalando que a la ejercida por él de manera directa, se le debía agregar o adicionar la que había ejercido el propietario, con quien había celebrado contrato promesa de compraventa. (más…)

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Boletín virtual número 68

Abril de 2014

1. ¿La inexistencia de los negocios jurídicos, que opera ipso iure, sin necesidad de un pronunciamiento judicial que la reconozca, requiere de un debate probatorio para su reconocimiento por parte del fallador en casos en los que, a diferencia de la regla general, la mentada anomalía no se evidencie de forma manifiesta o de bulto, sino que sea apneas aparente?

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2013 (1100131030401999-01651-01) respondió de forma afirmativa el anterior interrogante. En dicha providencia, la Corte, tras diferenciar la manifestación concreta del fenómeno de la ineficacia negocial conocida como inexistencia del contratito o negocio jurídico, de otro tipo de manifestaciones de tal ineficacia como la nulidad, entra la Sala definir que respecto de una pretensión de esta índole, dos pueden ser las actitudes del juez. En primer lugar, si el defecto del que adolece el acto aflora nítido, por ejemplo, falta la formalidad ab subtantiam exigida por la norma para el recorrido de la definición del negocio de que se trate, el juez simplemente se limita a reconocer de plano el fenómeno de la inexistencia, el cual, por su naturaleza y contorno propio opera ipso iure y sin necesidad de declaración judicial. En segundo lugar, y de forma contraria a la primera hipótesis, puede darse el caso en el que, si bien se pretende el reconocimiento de la inexistencia que se predica de un determinado negocio, el defecto que se depreca puede no mostrar de bulto la referida inexistencia, haciéndose necesario, así, que el juez del contrato, no pudiendo reconocerla de plano, se adentre en el análisis probatorio para reconocer los hechos en que se sustenta. Un ejemplo de este segundo escenario, se presenta cuando se alega la inexistencia del consentimiento a raíz de la falsificación de la firma de una de las partes del contrato, en tratándose de contratos solemnes en los que la solemnidad, valga la redundancia, consiste precisamente en la suscripción del referido documento contentivo del reglamento de intereses dado por las partes. (más…)

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Boletín virtual número 64

Octubre de 2013

1. ¿En un proceso judicial son válidas las copias simples, aún las provenientes de terceros? ¿Debe desconocerse la sentencia SU 226 de 2013 de la Corte Constitucional?

La Sección Tercera del Consejo de Estado respondió de forma afirmativa a estas preguntas, en sentencia proferida el pasado veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013)[1] y mediante la cual se unificó la jurisprudencia sobre el particular. En el caso en concreto, en el cual se debatía la responsabilidad de los accionados en razón de una presunta privación injusta de la libertad, fueron allegadas copias simples del expediente penal correspondiente. Al respecto, el Consejo de Estado analizó los preceptos normativos probatorios vigentes, a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y particularmente de los principios constitucionales de buena fe, lealtad y confianza, con base en los cuales concluyó que las copias que obren en el expediente, aún las provenientes de terceros, son válidas, si respecto de ellas se han respetado los postulados de contradicción y defensa. (más…)

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