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Boletín Virtual Número 103

Septiembre de 2017

1. ¿Las controversias que surjan con ocasión de un contrato de sociedad deben contar con la garantía de la doble instancia cuando la competencia es de la Superintendencia de Sociedades?

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en auto de 6 de junio de 2017 (Exp. 00220140119301), con ponencia del doctor MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ respondió afirmativamente el anterior interrogante al afirmar que “las controversias que surjan del contrato de sociedad son de conocimiento de los jueces civiles del circuito en primera instancia (art. 20, num. 4), por lo que la Superintendencia de Sociedades tiene el deber constitucional y legal de tramitar esos pleitos de la misma manera que lo hacen los jueces, esto es, con garantía de doble instancia.” El Tribunal precisa que “los conflictos societarios deben tramitarse en única instancia, por tratarse de procesos verbales sumarios, según lo previsto en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995. La única razón que se esgrime es que el Código General del Proceso no derogó expresamente esa disposición. Empero, quienes así lo afirman pasan por alto que la nueva codificación procesal, como era de esperarse, igualmente precise -en los tres (3) literales del artículo 626- que también quedaban derogadas “las demás disposiciones que le sean contrarias”, lo que significa que, por las razones expresadas en párrafos anteriores, dicho artículo quedo tácitamente derogado.”

El Tribunal resalta que “no se disputa que el asunto puesto a conocimiento de la Superintendencia de Sociedades corresponde a una rendición provocada de cuentas en la que, tras el fallo que dispuso rendirlas (5 de mayo de 2016) y la definición de las objeciones que formuló la sociedad demandante (auto de 2 de diciembre de 2016), fue interpuesto un recurso de apelación que dicho organismo rechazó por improcedente al considerar que el proceso era de única instancia, en la medida en que el pleito se tramitó por la vía del verbal sumario”. Sin embargo, el Tribunal recuerda que “dicho asunto debió tramitarse en primera instancia, como lo harían los jueces ordinarios, porque a esa regla -constitucional y legal- debe sujetarse la Superintendencia desde que rige el artículo 24 del CGP (12 de Julio de 2012). La circunstancia de haberse gestionado ese litigio por el proceso verbal sumario (tema ajeno a la competencia del Tribunal, en sede de queja), no autorizaba a la Superintendencia de Sociedades para negar el recurso de apelación que se interpuso contra el auto de 2 de diciembre de 2016, por el cual se aprobaron las cuentas rendidas, no solo porque el numeral 5° del artículo 321 del CGP habilita la alzada contra el auto que resuelve un incidente (art. 379, num. 5°, inc. 2°), sino también porque según el artículo 24 de esta misma codificación, si una decisión adoptada por un juez es apelable, también lo será la que profiera una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales en un determinado asunto.” Consulte aquí la jurisprudencia

2. ¿Las acciones para la reparación de los perjuicios generados por crímenes de lesa humanidad no caducan?

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de marzo de 2017, radicado No. 25000-23-41-000-2014-01449-01(AG), con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero, respondió de manera afirmativa a este interrogante. En efecto, la Corporación concluyó que el paso del tiempo no impide el acceso a la administración de justicia para reclamar la reparación integral de los daños causados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con lo expuesto en la sentencia, ello es así en razón de la norma de ius cogens que indica que la acción para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible.

Si bien la no prescriptibilidad se predica de la responsabilidad penal, la Sección Tercera afirmó que la obligación de proteger los derechos humanos justifica la aplicación de un tratamiento de excepción a la caducidad de la acción de reparación de las víctimas. En palabras de la Corporación:

“(…) [L]a Sala precisa que el Consejo de Estado, en ejercicio de sus competencias constitucionales como juez límite en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, ha considerado que la no aplicación del término de caducidad ordinario en el juzgamiento de la responsabilidad pública en materia de delitos de lesa humanidad se impone, por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración de justicia interna, en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que presuntamente se trata de casos graves de violaciones de derechos humanos que ameritan una protección jurídico procesal reforzada y que buscan hacer efectivo el derecho fundamental de las victimas a una reparación integral.

(…)

De esta forma, cuando se afirma de manera razonada y fundamentada sobre la existencia de hechos que pueden ser calificados objetivamente como crímenes de lesa humanidad, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del medio de control de reparación de las víctimas, en orden a brindar las mayores garantías posibles de acceso a la administración de justicia interna y en aplicación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Este tratamiento excepcional solo se justifica en aquellos casos en los cuales existen razones válidas y suficientes para estimar que presuntamente se trata de crímenes de lesa humanidad, en donde el juez está obligado a velar con celo riguroso la efectividad de las garantías constitucionales y convencionales.” Consulte aquí la jurisprudencia

3. ¿Es la presunción de confesión por apoderado judicial prevista en el Código General del Proceso una presunción de hecho?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia del 27 de julio de 2017[1] respondió de manera negativa este interrogante, al resolver un recurso de casación presentado en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá que había negado las pretensiones de la demanda dentro de un proceso ordinario de reajuste contractual e indemnización de perjuicios.

La Corte analizó el tema de la confesión por apoderado judicial con ocasión a una serie de errores de hecho enrostrados por la parte recurrente a la sentencia del Tribunal, y afirmó que el artículo 193 del Código General del Proceso, al otorgarle valor probatorio a la confesión por apoderado judicial, modificó la expresión “se presume (…)” del anterior Código de Procedimiento Civil, por “La confesión… se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario (…)”. Esto produjo que, al cambiarse la expresión “Se presume” -que producía que esta pudiera ser desvirtuada- con esta nueva expresión, se torna indiscutible la imposibilidad de desvirtuar el otorgamiento de la facultad para el ánimus confidenti, y aún más cuando el mencionado artículo 193 consagra que “Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

“El Código General del Proceso, en el punto resulta más explícito al otorgar valor probatorio a la confesión del apoderado judicial al cambiar la expresión “(…) se presume (…)” del anterior Código de Procedimiento Civil, inserta en el derogado artículo 197, por la expresión “(…) se entiende (…)”,  por cuanto, si se tratará de presunción, ésta de naturaleza legal, fácilmente podría ser desvirtuada aun habiendo sido autorizada. De modo que la modificación del segmento correspondiente, cuando excluye o elimina la expresión “se presume”, traduce en forma indiscutida la imposibilidad de desvirtuar el otorgamiento de la facultad para el ánimus confidenti, con mayor razón, cuando esta se ha otorgado en forma expresa, y aún el caso de no haberse otorgado, porque siempre se entenderá concedida, “(…) para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario (…)”.

Pero la contundencia del nuevo texto para los efectos que puedan originarse de la confesión del apoderado resultan hoy, rotundos, de mayor eficacia, más absolutos y precisos, si se analiza la prohibición presupuestada por el redactor del Código General del Proceso, cuando dispone: “(…) Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita””.

A juicio de la Corte, esta norma del Código General del Proceso procura impedir maniobras probatorias obstructivas frente a las consecuencias de la confesión cuando se constituye apoderado, y este en las hipótesis previstas acepta hechos que generan secuelas negativas para la parte que representa. Consulte aquí la jurisprudencia

4. ¿Ante la concurrencia de fueros para presentar una acción popular contra una sociedad, si el demandante instaura la demanda en el domicilio principal de la misma, sin anexar el certificado de existencia y representación legal de esta, podrá el juez designado, rechazar la demanda por falta de competencia y remitir el expediente al juez del otro fuero?

La respuesta es negativa, de conformidad con la providencia del día dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Ponente Dra. MARGARITA CABELLO BLANCO, Radicación n° 11001-02-03-000-2015-02918-00; mediante la cual se resolvió un conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué (Tolima), relacionado con el conocimiento de una acción popular contra una entidad financiera.

La Sala aborda el examen de la concurrencia de fueros partiendo de la disposición contenida en el inciso 2 del artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que establece la competencia para conocer de la acción popular, bien sea al juez del lugar donde ocurrieron los hechos o al juez del lugar donde el demandado tiene su domicilio. Esto significa, que será el actor popular el llamado a elegir el funcionario judicial competente.

La providencia resalta que la prueba idónea para obtener certeza del domicilio principal de la sociedad demandada en el proceso de acción popular, es obviamente su certificado de existencia y representación legal; luego si este no se anexa, el juez deberá inadmitir la demanda.

El actor popular debe optar por uno de dos fueros (el principal o el instrumental). Una vez opta por el fuero principal y en la demanda no anexa el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada –para especificar su domicilio principal o el de la sucursal relacionada con el hecho-, el juez designado decretará la inadmisión de la demanda solicitando el respectivo certificado. En cambio, no podrá el juez, rechazar la demanda y enviar el expediente al juez que pudo o puede ser competente según el otro fuero, por la sencilla y contundente razón de que el actor eligió al juez del lugar donde se encuentra el domicilio principal de la demandada y no al juez del lugar donde ocurrieron los hechos. Consulte aquí la jurisprudencia

5. ¿Al momento de resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación contra sentencia, debe el superior verificar solamente la oportunidad y procedencia de la impugnación?

La respuesta es negativa de acuerdo con el auto de 4 de mayo de 2017 proferido por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Manizales (Verbal de Herman Rojas Alzate contra César Augusto Rodas Saldaña y Ángela Maryoris López López. Rad.: 17-380-31-12-002-2017-00102-01. M.S.: Álvaro José Trejos Bueno), que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por uno de los demandados contra la sentencia de primera instancia que declaró probada una excepción de mérito y negó todas las pretensiones.

De acuerdo con la providencia, es insuficiente examinar solamente la oportunidad, procedencia y formulación adecuada de los reparos concretos que servirán para sustentar la alzada, pues también debe indagarse por la legitimación del impugnante, quien de alguna manera debe resultar afectado por la decisión.

En el caso concreto se concluyó que “la decisión materia de apelación no contiene ninguna resolución desfavorable para la parte demandada, por lo cual es posible concluir la carencia absoluta de interés para recurrir …, no corriendo igual suerte eso sí, la alzada de la parte actora a quien en consecuencia se le admitirá el recurso interpuesto”. Consulte aquí la jurisprudencia

6. En el marco de la acción de tutela contra providencias judiciales ¿se configura un defecto fáctico cuando, mediante sentencia judicial, se revoca una orden de desalojo adoptada por una comisaría de familia como medida de protección a favor una mujer adulta-mayor víctima de violencia intra-familiar y de género, cuando el agresor es también un adulto-mayor?

En sentencia de tutela T-145 del 7 de marzo de 2017, con ponencia de María Victoria Calle Correa, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional respondió de forma afirmativa a este interrogante.

En efecto, después de analizar las pruebas obrantes en el proceso, la Sala encontró acreditada la violencia intra-familiar y de género contra la tutelante: “Lo anterior denota a todas luces, que el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá desconoció la existencia de plena prueba que fundamentaba el otorgamiento de la medida de protección de desalojo, al encontrarse acreditado que en efecto la accionante […]era víctima de violencia basada en género y violencia intrafamiliar de tipo físico, verbal y psicológico, y que la presencia de su agresor […]en su misma residencia, constituía una amenaza para su vida, su integridad física o su salud”.

Además, precisa la Corte que la condición de sujeto merecedor de especial protección del agresor, en cuanto adulto-mayor, no puede considerarse como una justificación para revocar la orden de desalojo: “Para el Juez Sexto de Familia de Bogotá, la condición de adulto mayor del agresor le hacía inaplicable la medida. No obstante, olvidó el fallador que esa misma condición no le impidió al sancionado ejercer constantes y sistemáticos ataques violentos contra su compañera permanente e hijos, desconociendo los deberes de protección, solidaridad y ayuda mutua que le asistían frente a su familia. Omitió igualmente el juez accionado, el hecho de que la accionante era también una adulta mayor, que además era mujer, víctima de violencia basada en género y violencia intrafamiliar frente a la cual tenía el deber estatal de protección, debida diligencia y de garantías de no repetición”.

Así, la Corte considera que: “[p]or lo anterior, se puede concluir que en el caso concreto, la decisión del 30 de junio de 2016 proferida por el Juez Sexto de Familia de Bogotá [que resolvió el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de Consulta impetrado contra la decisión emitida por la Comisaría de familia] incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al valorar las pruebas “de manera arbitraria, irracional y caprichosa” […], al no aplicar las mismas a favor de la mujer víctima y en consonancia con los instrumentos nacionales e internacionales de protección a favor de las mujeres antes reseñados”. De este modo, la Corte deja sin efectos la sentencia objeto de la acción de tutela y ordena al juzgado proferir nueva sentencia en atención a lo decidido. Así mismo, como medida de protección transitoria, ordena la práctica del desalojo del agresor, al tiempo que, en atención a la condición de mayor-adulto de este último, dispone, a cargo del hijo menor de la pareja, una obligación adicional: “[…] debe encargarse de gestionar la vivienda, alimentación y bienestar integral del [agresor] tras el desalojo”.

7. ¿Es causal de anulación de un laudo arbitral comercial internacional que lo resuelto no armonice completamente con la demanda?

No, tal y como lo ha aclarado la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en la sentencia del 18 de abril de 2017, M.P.: Luis Alonso Rico Puerta, Radicación: 11001-0203-000-2016-01312-00.

La Corte sostiene lo anterior basada principalmente en el tenor literal de la Ley 1563 del 2012, que en su artículo 108, 1. c) dice: «La autoridad judicial podrá anular el laudo arbitral a solicitud de parte o de oficio: 1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe: (…) c) Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas”

Además, se detiene a explicar la Corte, la tradicional congruencia de las sentencias judiciales no es predicable de los laudos arbitrales; toda vez que si bien en sede judicial la congruencia se espera que exista entre la demanda y la sentencia; en sede arbitral se reclama entre el pacto y el laudo

Comentario del profesor Marcos Quiroz Gutiérrez: A diferencia de la sentencia comentada, el Consejo de Estado y parte de la doctrina sobre arbitraje comercial internacional han reconocido que laudos incongruentes sí pueden ser anulados con fundamento en, al menos, 3 causales. Un laudo inconsonante implica que la parte afectada estuvo impedida de hacer valer sus derechos (art. 108.1 lit. b. L. 1563/2012), que los árbitros excedieron sus competencias demarcadas en el pacto arbitral (art. 108.1 lit. c) y, en algunos casos, que el Tribunal se apartó del procedimiento acordado por las partes (art. 108.1 lit. d).

El Consejo de Estado sostiene que laudos comerciales internacionales pueden anularse “cuando el árbitro internacional profiere un fallo ya sea Ultrapetita … o cuando profiere un laudo extrapetita …”[2].

Finalmente, aunque no es pacífico y hay posiciones encontradas, doctrinantes como Gary Born[3] y Patricia Nacimiento[4] sugieren que la incongruencia del laudo sí puede encuadrarse en algunas de las causales de anulación.

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[1] M.P: Luis Armando Tolosa Villabona, Exp: SC11001-2017.

[2] Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 13 de abril de 2015. Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[3] Ver (i) “International Commercial Arbitration (Second Edition), Kluwer Law International P. 3288, y (ii) International Commercial Arbitration. Volume II. Kluwer Law International. 2009. pág. 2606.

[4] Ver Article V(1)(d). En HERBERT KRONKE, PATRICIA NACIMIENTO et al. –editore-. “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A global Commentary on the New York Convention”. Edit. Kluwer Law International. 2010. p. 296.

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Boletín Virtual Número 102

Agosto de 2017

1. ¿Es contraria a la Constitución la expresión “podrá” contenida en el artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, según la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tiene discrecionalidad para representar al titular de la acción de restitución de tierras?

La respuesta es negativa. La Corte Constitucional en providencia de fecha quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017), con ponencia del doctor ANTONIO CEPEDA AMARÍS, Expediente D-11545, consecutivo C-166, concluyó en forma negativa respecto de este interrogante, porque el artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, admite dos interpretaciones:

  1. La presentada por el demandante que aceptaría como posible que la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tenga facultad para escoger discrecionalmente en qué casos representa a la víctima titular de la acción de restitución de tierras.
  2. Una segunda interpretación permite entender que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas está habilitada para actuar en representación del titular del derecho a la restitución cuando éste lo solicite.

Frente a la primera interpretación, ésta resultaría inconstitucional, porque proyecta un alto grado de afectación el derecho a la restitución; empero, respecto de la segunda la Corte la consideró constitucionalmente admisible, y sobre ella decidió la exequibilidad condicionada de la norma demandada, bajo los siguientes argumentos:

(i) permite al Estado cumplir con el deber internacional de otorgar asistencia jurídica a las víctimas para lograr la reparación integral; (ii) garantiza a las víctimas el acceso a los recursos rápidos, idóneos y eficaces para obtener la restitución material y jurídica de los predios despojados o abandonados; (iii) a la vez que reconoce a las víctimas el acceso en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de restitución de tierras, privilegiando la defensa técnica respecto de una población vulnerable por regla general carece de los recursos económicos para representarse directamente o por medio de apoderado particular en el trámite judicial de restitución de tierras”. Consulte aquí la jurisprudencia

2. ¿Existe un “defecto fáctico” en la sentencia que no hace una valoración suficiente de las pruebas trasladadas desde el proceso penal al contencioso administrativo?

La Sala sexta de revisión de la Corte Constitucional, respondió afirmativamente a este interrogante mediante Sentencia T 237 de 2.017, del 21 de abril del mismo año, con ponencia del magistrado encargado doctor Iván Escrucería Mayolo.

La Corte estimó que la sentencia del juez de instancia debió haber realizado una mayor valoración probatoria de las piezas probatorias trasladadas del proceso penal a fin de establecer si con ellas, era posible o no, dar por acreditada la existencia de un daño antijurídico. A juicio de la corporación: “en el expediente penal obran pruebas técnicas y testimoniales que por la gravedad de sus conclusiones debieron ser objeto de pronunciamiento expreso por parte del juez contencioso administrativo. Así las cosas, si bien el análisis del material probatorio, así como la construcción y elaboración de los fundamentos sobre los cuales se estructura un fallo hace parte de la autonomía judicial, no es óbice para que la decisión del 26 de noviembre de 2015 realizará algún tipo de razonamiento o valoración que permitiera establecer la existencia o no de responsabilidad estatal basada en los hechos, actuaciones y omisiones referidas en el proceso penal”.

Esta sentencia resulta relevante porque en ella la Corte Constitucional reitera que la ausencia de pronunciamiento expreso sobre el mérito probatorio que asigna a cada medio de prueba -incluyendo las pruebas trasladadas-, constituye un defecto fáctico en la sentencia del juez ordinario, que lesiona el derecho fundamental al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. Consulte aquí la jurisprudencia

3. ¿Es posible el decreto oficioso de pruebas en el trámite del recurso extraordinario de revisión?

La respuesta es afirmativa.

Por primera vez en la historia judicial del país así lo decidió la Corte Constitucional en sentencia Sentencia T-565/16,  expediente T-5.152.026, de fecha 18 de octubre de 2016, Magistrada sustanciadora Gloria Stella Ortiz Delgado, al decir: “DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS EN PROCESO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Juez tiene la facultad-deber de decretar las pruebas de oficio que considere necesarias para llegar a la verdad”.

“Ahora bien, según la jurisprudencia de esta Corte, el decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal, el cual debe desplegar oficiosamente cuando: (i) a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios probatorios que estas presenten surja en el funcionario la necesidad de esclarecer aspectos oscuros de la controversia; (ii) la ley le marque un claro derrotero a seguir; (iii) existan fundadas razones para considerar que su inactividad conllevaría una decisión alejada de la justicia material. Con todo, en el ejercicio de esas facultades debe cuidarse de no promover o avalar la negligencia o mala fe de las partes”.

“A partir de lo expuesto, se concluye que la actuación del Tribunal en el decreto de la prueba de oficio no adolece de los defectos sustantivo, procedimental y orgánico alegados por los accionantes. Lo anterior, por cuanto diversos factores como: (i) el papel del juez en el Estado Social de Derecho, (ii) las reglas procesales establecidas en el Estatuto Procesal Civil, (iii) la finalidad del recurso extraordinario de revisión, y (iv) la necesidad de la prueba en aras de acercarse a la verdad de los hechos, justificaron el uso de sus facultades oficiosas durante el trámite del recurso extraordinario de revisión y antes del fallo, para decretar la prueba que lo conduciría al adecuado entendimiento de los hechos debatidos y, en esa medida, resolver el conflicto puesto a su consideración con la mayor convicción posible”.

La decisión es trascendente no solo por ser la primera que se produce en el país, sino además porque la Corte no le dio importancia al hecho de que la revisión es un recurso extraordinario que se formula con base en causales específicas contra el fallo. Consulte aquí la jurisprudencia

4. ¿Se encuentran legitimados por activa los herederos para solicitar la impugnación de la paternidad legítima?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (SC9226-2017) respondió de manera afirmativa a este interrogante al resolver un recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia anticipada de cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario de impugnación de la paternidad. En este caso, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, consideró que el termino para presentar la acción había caducado pues estimó que el difunto no hizo uso de la acción en los términos indicados en la ley, y que los efectos de esta se hacían extensivos a sus herederos.

Frente a lo anterior la Sala, luego de hacer un recuento histórico sobre las diferentes posiciones acogidas frente a la legitimación en la causa por activa para iniciar el proceso de impugnación de la paternidad, recordó que con la ley 1060 de 2006 se sustituyó el artículo 219 del Código Civil y se estableció la posibilidad de que los herederos iniciarán el proceso de impugnación por derecho propio, indicando que “[l]a nueva disposición supuso una reforma estructural en virtud de la cual se eliminó el carácter subsidiario que hasta ese momento el legislador le había dado a la acción de los herederos, pues la norma, en su texto original, correspondía a una regla aplicable únicamente en el evento de que el cónyuge hubiera muerto «antes de vencido el término que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo» (se enfatiza)”.

Y añadió, que “[a]partir del 26 de julio de 2006, esa situación cambió porque la Ley 1060 eliminó dicha limitación, de modo que, en vigencia suya, el heredero que promueve una impugnación de la paternidad del de cujus no está ejerciendo una acción transmitida por él, sino una acción propia o iure proprio. De esta característica deriva su absoluta independencia tanto frente al juicio que hubiera podido adelantar el presunto progenitor, como a su omisión de acudir al aparato judicial del Estado a fin de reclamar contra el estado civil del hijo. Los herederos del marido o compañero permanente que pasa por padre, a partir de la Ley 1060 de 2006 -se reitera- pueden impugnar la paternidad atribuida a él, aun cuando éste, en vida, haya dejado vencer el término con que contaba para ejercer su acción sin formularla, es decir que hubiera operado la caducidad. Es más, están legitimados para promover el proceso aun si el presunto padre ejerció su derecho a impugnar la paternidad y el conflicto fue decidido adversamente por caducidad de la acción, y en tal caso el progenitor presunto no instauró una nueva demanda de impugnación en la oportunidad adicional concedida por el parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, esto es, «dentro de los 180 días siguientes» a su entrada en vigencia, tema sobre el cual se ahondará al analizar lo relativo a la caducidad de la acción”. (Negrita fuera del texto) Consulte aquí la jurisprudencia

5. ¿Para promover un proceso de impugnación de la paternidad únicamente pueden aducirse las causales previstas en el artículo 214 del Código Civil?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fallo proferido el diez (10) de mayo de 2017 (rad. 54001-31-10-009-2009-00585-01) con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, respondió negativamente el problema jurídico planteado. En el caso objeto de análisis la Corte precisó que, en aquellos casos en los que la filiación que se produce dentro de un matrimonio es producto de un procedimiento de procreación artificial científicamente asistida, la presunción pater ist est[1] solamente puede atacarse demostrando la ausencia de consentimiento del padre para realizar dicho procedimiento.

De esta manera, debe entenderse que las causales previstas en el artículo 214 del Código Civil únicamente son aplicables cuando la filiación no ha estado precedida por un procedimiento de inseminación artificial, porque en este evento solamente podrá impugnarse la paternidad por ausencia de consentimiento del padre.

Sostuvo la Corte:

(…), la impugnación de la filiación no es ni puede ser idéntica en todos los casos, porque si se trata de una filiación por inseminación artificial será absolutamente irrelevante que el padre impugnante intente demostrar la ausencia del vínculo consanguíneo, toda vez que es evidente que el hijo producto de la inseminación heteróloga no es su descendiente biológico; por lo que el padre sólo podrá atacar la presunción pater ist est mediante la demostración de la ausencia de su consentimiento para realizar el proceso de procreación artificial.

De ese modo surge en el ámbito de las causales previstas por el artículo 214 del Código Civil un nuevo motivo para que el cónyuge o compañero permanente impugne su paternidad. Es decir que además de las razones previstas en los numerales 1º y 2º de esa disposición, encaminadas a probar la ausencia del vínculo de consanguinidad (demostrar por cualquier medio que él no es el padre y desvirtuar la presunción de paternidad mediante prueba científica), se debe entender que en los casos de procreación científicamente asistida la impugnación ha de sustentarse en la ausencia de consentimiento libre e informado para realizar la inseminación artificial. Consulte aquí la jurisprudencia

6. ¿A la luz del Código General del Proceso el concepto de expertos es un medio probatorio equiparable al dictamen pericial o al testimonio técnico?

La respuesta es negativa, de acuerdo con la providencia de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Dr. ARIEL SALAZAR RAMIREZ, Radicación número: 11001-31-03-039-2011-00108-01.

Definió el Alto Tribunal que el concepto de expertos constituye un medio de prueba no regulado expresamente en el estatuto adjetivo y le distinguió de la prueba testimonial técnica y del dictamen pericial, bajo los siguientes argumentos:

Los conceptos de los expertos y especialistas no pueden equipararse a los testimonios técnicos, pues cumplen una función probatoria completamente distinta a la de éstos, en la medida que no declaran sobre los hechos que percibieron o sobre las situaciones fácticas particulares respecto de las que no hubo consenso en la fijación del litigio, sino que exponen su criterio general y abstracto acerca de temas científicos, técnicos o artísticos que interesan al proceso; aclaran el marco de sentido experiencial en el que se inscriben los hechos particulares; y elaboran hipótesis o juicios de valor dentro de los límites de su saber teórico o práctico. Dado que el objeto de este medio de prueba no es describir las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos sobre los que versa la controversia, no tiene ningún sentido tomar juramento a los expertos sobre la verdad de su dicho, pues –se reitera– éstos no declaran sobre la ocurrencia de los hechos en que se fundan las pretensiones, sino que rinden criterios o juicios de valor.

(…) Tampoco es posible asimilarlos al dictamen pericial, porque, aunque tienen una finalidad parecida, se alejan sustancialmente de la función que cumple este otro medio de prueba, y no se rigen por sus rigurosas y restrictivas normas sobre aducción, decreto, práctica y contradicción.

(…) Los conceptos o criterios de los expertos y especialistas son medios de prueba no regulados expresamente en el estatuto adjetivo, pero perfectamente admisibles y relevantes en virtud del principio de libertad probatoria que rige en nuestro ordenamiento procesal (art. 175 C.P.C.; y art. 165 C.G.P.), en la medida que son útiles para llevar al juez conocimiento objetivo y verificable sobre las circunstancias generales que permiten apreciar los hechos; no se oponen a la naturaleza del proceso; no están prohibidos por la Constitución o la ley; y el hecho alegado no requiere demostración por un medio de prueba legalmente idóneo o especialmente conducente.

(…) Al igual que los demás medios de prueba, los conceptos de los expertos o especialistas deben ser apreciados singularmente y en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que requiere tener en cuenta el método de valoración descrito líneas arriba, pues de lo contrario el sentenciador no habrá estimado razonadamente el acervo probatorio, sino que estaría resolviendo la controversia según su íntima convicción, opinión o creencia, tal como hizo el Tribunal en este caso”. Consulte aquí la jurisprudencia

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[1] Presunción en virtud de la cual el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes. Se encuentra prevista en el artículo 213 del Código Civil.

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Boletín Virtual Número 101

Julio de 2017

1. ¿Es acertado descartar la validez probatoria de un documento consistente en una grabación de voz en sistemas magnéticos por no comprobarse la autenticidad de dicho documento?

 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta positiva a esta pregunta en la Sentencia del 24 de abril de 2017, (Radicado No. 11001-31-03-027-2009-00440-01, Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco) al resolver desfavorablemente un recurso de casación por restarle valor probatorio a grabaciones magnetofónicas por no comprobarse la identidad de su emisor. Afirmó la Corporación que las grabaciones de voz son consideradas medios de prueba de carácter documental, por lo que su eficacia probatoria se liga a la verificación de su autenticidad, es decir, de la comprobación de quien lo ha suscrito o elaborado.

Si bien se había afirmado que los documentos de carácter declarativo provenientes de terceros se apreciarían sin necesidad de ratificar su contenido (salvo que la parte contraria lo solicitara), en esta oportunidad la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aseveró que: “A no dudarlo, las cintas, discos o casetes pueden ser aducidos como pruebas documentales, pero su valor, su eficacia y alcance probatorio está determinado por la autenticación de la declaración y reconocimiento de la voz por parte de su autor; sin importar, como lo ha enseñado la Sala, si provienen de una de las partes o de un tercero”. Consulte aquí la jurisprudencia (más…)

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Boletín virtual Número 100

Junio de 2017.

1. ¿La acción de cumplimiento es un mecanismo idóneo para hacer efectivo el cumplimiento de una norma andina?

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de marzo de 2017[1] con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, respondió afirmativamente a este interrogante. La Corporación señaló que, si bien las normas de la Comunidad Andina de Naciones no son leyes en sentido estricto, sí tienen fuerza material de ley y, por tanto, pueden ser objeto de acción de cumplimiento.

La Sección Quinta siguió los lineamientos trazados en la sentencia de interpretación prejudicial 575-IP-2015, en la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en desarrollo de los principios de preeminencia, efecto directo, y aplicación inmediata, concluyó que “(…) los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina pueden interponer las acciones procesales correspondientes ante las autoridades nacionales competentes con el objeto de lograr el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico de la comunidad andina.” Esto, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la acción de incumplimiento andina.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Estado concluyó: (más…)

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Boletín virtual número 99

Mayo de 2017

1. ¿Los procesos de exequátur iniciados antes del 1 de enero de 2016 deben regirse íntegramente hasta su culminación por el Código de Procedimiento Civil?

La Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 (Rad. 11001-02-03-000-2015-02702-00) con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ramírez, respondió afirmativamente esta inquietud. En el caso bajo análisis, la Corte precisó que en atención a que el artículo 625 del C.G.P. el cual regula lo concerniente al tránsito de legislación, no hace ninguna referencia específica al trámite del exequátur, debe darse aplicación a lo dispuesto en los numerales 5° y 6° de dicho precepto, por lo que este trámite debe regirse de conformidad con las leyes vigentes en el momento en que se hizo la respectiva solicitud.

Sostuvo la Corte:

“1. El artículo 625 del Código General del Proceso, establece las reglas para la transición de legislación de aquellas controversias que se iniciaron bajo el anterior estatuto procesal, en su numerales 1 a 4 fija patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Y respecto a otros asuntos en los numerales 5 y 6 se precisó que:

  1. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
  2. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior. (Subrayado fuera del texto).

De lo que se colige, que al no existir una referencia concreta al exequátur en los numerales 1 a 5, queda inmerso dentro de la última regla transcrita, por lo que en aquellos trámites de homologación que iniciaron antes de la entrada en vigencia de del Código General del Proceso, se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició”.  Consulte la jurisprudencia aquí

2. ¿En los casos de adjudicación o realización especial de la garantía real se aplica de forma privativa el fuero real?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017), de la que fue ponente el Honorable Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, respondió de manera afirmativa a este interrogante, al resolver el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí (Boyacá), en el marco de un proceso de adjudicación o realización especial de la garantía real.

En este caso, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá alegó su incompetencia por considerar que el Juez encargado de resolver el asunto era el Juez Civil del Circuito de Ramiriquí, por ser este el lugar en donde se encontraba el bien hipotecado. Juzgado que a su vez se declaró incompetente por considerar que quien debía conocer del proceso era el Juez del domicilio del demandado o del lugar del cumplimento de las obligaciones.

Frente a lo anterior la Sala, luego de recordar la mecánica propia de distribución de atribuciones del Código General del Proceso, consideró que, aun cuando lo que se pretendía con la demanda era el cobro de una obligación respaldada por letras de cambio, como esta no solo venía acompañada de la “prerrogativa de persecución propia de la afirmada condición de acreedor hipotecario (artículo 2452 del Código Civil) que aspira hacer valer el interesado, sino que además se encuentra invocando la modalidad de adjudicación o realización especial de dicha garantía prevista en el canon 467 del Código General del Proceso, queda claro que los mentados foros relativos al domicilio del ejecutado y la satisfacción de los créditos, se neutralizan, tornándose inoperantes en razón de la protagónica y excluyente aplicación del fuero real señalado como privativo, tal cual se explicó en procedencia”.

Adicionalmente indicó que “en supuestos como el presente, la conclusión previa se torna aún más nítida por cuanto la finalidad de la actuación es esencialmente hacerse al bien hipotecado, por vía directa de la adjudicación, para la satisfacción del crédito, lo que en todo caso, se ha predicado con similar contundencia por esta Sala en todos los eventos de ejecución para la efectividad de la garantía real, trátese de la variable exclusiva (art. 468 ejusdem) o la concurrente con la persecución personal (CSJ AC014-2017, 12 ene. 2017, rad. 2016-03289-00 y Ac752-2017, 13 feb. 2017, 2016-03143-00). Consulte aquí la jurisprudencia

3. ¿Un concepto rendido por el Consulado de Colombia constituye prueba suficiente para acreditar el requisito de reciprocidad en un trámite de homologación de sentencia proferida en el exterior?

La respuesta es negativa, de acuerdo con la providencia de fecha trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Dr. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, Radicación número: 11001-0203-000-2007-01340-00.

Se presentó solicitud de exequátur de sentencia proferida por la Corte del Circuito del Condado de Miami-Dade (Florida) –EEUU-, que nombró curador limitado -en razón de una enfermedad mental degenerativa padecida por el beneficiario de la curaduría para la realización de los actos indicados en ella. La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte no concedió el exequátur al no encontrarse acreditadas la reciprocidad diplomática, ni la legislativa entre Estados Unidos y Colombia para el reconocimiento de sentencias.

Se afirmó frente a la inquietud formulada que:

“(…) una sola certificación carece de la aptitud para probar el derecho extranjero. (…) La carga probatoria de allegar dos (2) testimonios de abogados foráneos estaba en cabeza del convocante, pues su deber era acreditar el cumplimiento de todos los supuestos exigidos para la prosperidad del exequatur, so pena que su solicitud sea negada, como en efecto se hará. (…) en ausencia, dé reciprocidad diplomática, incumbía a la solicitante del exequatur la carga de probar la vigencia de la ley extranjera sobre el ‘particular para establecer así si se le reconocen en los Estados Unidos efectos a las sentencias pronunciadas en asuntos como este por los jueces civiles colombianos, carga procesal que no se encuentra satisfecha y que, por ende, impone despachar negativamente la solicitud de exequatur impetrada en la demanda”.

(…) Ciertamente el 28 de agosto de 2009 se arrimó un escrito en el que se hacen algunas reflexiones sobre el reconocimiento de providencias extranjeras en el país norteamericano; sin embargo, el mismo no fue suscrito por la persona que lo elaboró y, en todo caso, no hace una revisión de las reglas particulares aplicables al Estado de la Florida. En adición, el documento no brinda claridad sobre las condiciones que son exigidas para la homologación, de suerte que sea dable analizar su correspondencia con la legislación Colombia. (…) Obsérvese que se habla de «comunidad» de naciones como condición del exequatur, pero no se señalan los requisitos que deben satisfacerse para lograr que un juez estadounidense lo aplique y conceda efectos a una sentencia colombiana en ese país. Por el contrario, se indica que no existe reciprocidad legislativa propiamente dicha, sino que debe hacerse un análisis caso por caso, indicando aspectos como el debido proceso, imparcialidad o ausencia de fraude, pero sin clarificar si son los únicos y las fuentes jurídicas que soportan sus conclusiones. Razones suficientes para negarle mérito de convicción”. Consulte aquí la jurisprudencia

4. ¿Existe nulidad por indebida notificación del auto admisorio, cuando el aviso establece erróneamente que la demandada es una sociedad anónima cuando es una sociedad limitada?

La Sala de la Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, respondió negativamente a esta pregunta mediante sentencia del 14 de marzo de 2017, en proceso reivindicatorio que se adelantó en contra del Banco Bilbao Viscaya Argentaria de Colombia S.A., BBVA Colombia, de la cual fue ponente el H Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, estimando que las formalidades del aviso de notificación: “siempre tienen un propósito específico. Nunca son caprichosos. Por consiguiente, tales exigencias carecen de valor por sí mismas. Su importancia, así como la de su satisfacción, está siempre determinada por la finalidad que con ellos se persigue”.

De esta manera, la Corte concluyó que: “pese al error que contiene en cuanto a la indicación del nombre de la demandada, cumplió la finalidad perseguida por el legislador, esto es, que, con base en su contenido, la notificada pudiera establecer que ella correspondía a la persona en contra de quien se estaba adelantando el proceso ordinario sobre el que ese acto de enteramiento versó y, consecuencialmente, defenderse”. Consulte aquí la jurisprudencia

5. ¿El poder Ejecutivo, en uso de su facultad para subsanar yerros caligráficos o tipográficos en las leyes, prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, puede introducir modificaciones sustanciales a los textos legales, agregarlos o sustituirlos?

En auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,  del diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 11001-03-24-000-2012-00369-00, se respondió negativamente el problema jurídico planteado, al decretar la suspensión provisional de los efectos de los artículos 3 (que corrigió el artículo 20.9 del CGP), 5 (que corrigió el artículo 163 del CGP, eliminando el inciso tercero), 6 (que corrigió el inciso primero del artículo 338 del CGP), 8 (que corrigió el artículo 393 del CGP), 9 (que corrigió el título del artículo 397 del CGP), 14 (que corrigió el numeral 7 del artículo 625 del CGP), 16 (que corrigió el literal a) del artículo 626) y 18 (que corrigió el numeral 1° del artículo 627 del CGP) del Decreto 1736 de 17 de agosto de 2012, expedido por el Gobierno Nacional, «Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”», con base en los siguientes argumentos:

“Recogiendo las anteriores reflexiones, cuando el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 se refiere a la corrección de yerros caligráficos o tipográficos, se entiende que el Ejecutivo solo puede proceder a la corrección de errores de redacción, de aplicación de la gramática española, de impresión, de digitación y transcripción, así como corregir errores de referencia y de enumeración de artículos, numerales o incisos.

Esta facultad se ejerce, como lo indica el texto legal, siempre que no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador. Lo anterior implica, entonces, que no es posible, por vía de la corrección de yerros caligráficos o tipográficos, la introducción de modificaciones sustanciales a los textos legales, ni agregarlos o sustituirlos.

El ejercicio inapropiado de esta facultad desconoce el principio de separación de poderes cuyo enunciado se encuentra, principalmente, en el artículo 113 de la Carta Política[1], en la medida en que permite la concentración abusiva del poder en cabeza del Ejecutivo.

(…)

Así mismo, la extralimitación en la facultad prevista en el mencionado artículo es contraria al principio democrático en la medida en que el debate de las distintas fuerzas políticas, elegidas por los ciudadanos para representarlos, que integran el Congreso de la República y que da lugar a la expedición de las leyes, es reemplazado por una voluntad única en cabeza del Presidente de la República.” Consulte aquí la jurisprudencia

6. En el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la vacancia judicial interrumpe o suspende el término de caducidad?

De acuerdo con el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la Sentencia del 9 de febrero de 2017 del Consejo de Estado, luego de transcribir los artículos 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 62 del Código de Régimen Político y Municipal y el 121 del Código de Procedimiento Civil (actualmente establecido en el artículo 118 del Código General del Proceso), para su contabilización, no deben ser tenidos en cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o los que, por cualquier causa, el Despacho deba permanecer cerrado, …”.

El Consejo de Estado, además, aclaró que “en caso de que el término para presentar la acción se venza en los días en que el Despacho Judicial no se encuentre prestando sus servicios, dicho término se extenderá hasta el primer día hábil siguiente”.

En conclusión, la vacancia judicial no interrumpe el término de caducidad para presentar la acción, pues tal circunstancia no debe ser tenida en cuenta, salvo que dicho plazo expire dentro de ésta, caso en el cual, como ya se dijo, la acción caducaría si en el primer día hábil siguiente no se presenta la demanda. Consulte aquí la jurisprudencia

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[1] «ARTICULO  113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»

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Boletín virtual número 96

Diciembre del 2016

1. ¿Es la reconstrucción del expediente causa de suspensión del proceso? En consecuencia, ¿las irregularidades ocurridas durante su trámite constituyen causa de nulidad a la luz del numeral 3° del artículo 133 del Código General del Proceso?

En ambos casos la respuesta es negativa, según providencia de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente LUIS ALONSO RICO PUERTA, radicación número: 08001-3103-013-2001-00093-01. (más…)

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