Boletines encontrados con la etiqueta "Nulidades"



Boletín virtual número 94

Octubre de 2016

1. ¿La posibilidad de conciliar hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso?

No, de acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-404 del 3 de agosto del 2016. Exactamente dijo la Corte: “para la Corte la posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso. En primer lugar, porque el artículo 29 de la Constitución no hace mención alguna de la conciliación, ni de otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Por otra parte, la inclusión de la conciliación como una garantía constitucional del debido proceso tampoco se desprende de una interpretación sistemática o teleológica de la Constitución. En efecto, es perfectamente posible que el Congreso decida excluir la posibilidad de que las partes solucionen controversias mediante la conciliación, o mediante otras formas de solución alternativa de conflictos, en determinados procesos. En efecto, tanto la determinación de los recursos y actuaciones propios de cada proceso, como la decisión respecto de las materias que pueden ser objeto de B conciliación hacen parte de la potestad de configuración del legislador. Por lo tanto, no existen en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto de los cuales el Legislador tenga el deber constitucional de permitir la conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación dentro del proceso, o por fuera de él.” (más…)

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Boletín virtual número 87

Marzo 2016

1. ¿La nulidad de la actuación posterior realizada por el funcionario judicial, una vez pierde competencia para emitir la respectiva providencia, es insubsanable?

La respuesta es negativa. En providencia de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, Radicación número: 08001-31-03-006-2001-00247-01. Pretende el extremo demandante que se declare que le pertenece el dominio pleno y absoluto sobre unos predios, por haberse transferido a título de venta pura y simple el derecho de dominio y posesión sobre los mismos e inscritos dichos actos como falsa tradición. Lo anterior al haber considerado ser privado de la posesión que sobre éstos ejercía desde 1989, por haberse adjudicado los bienes a terceros por el INCORA, como consecuencia de la Resolución nº 2689 de 3 de junio de 1987, por medio de la cual se declaró que «no han salido del patrimonio del Estado atendiendo su condición de baldíos. El extremo demandado se opuso a las pretensiones señalando que los predios objeto de reivindicación son de propiedad del Estado. El A quo accedió a la B reivindicación ficta o presunta, decisión revocada por el Ad Quem quien negó las pretensiones de la demanda al no encontrar demostrada la existencia de título y modo. El demandante presentó demanda de casación, proponiendo cinco cargos con fundamento en las causales 1º y 5ª. (más…)

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Boletín virtual número 83

Septiembre 2015

1. ¿Vulnera la Constitución Nacional que el legislador prohíba la apelación de ciertos autos proferidos por los Tribunales Administrativos en el curso de la primera instancia de un proceso contencioso administrativo, pero disponga que los mismos sí resultan apelables cuando son proferidos por un Juez Administrativo en primera instancia?

La Corte Constitucional, en sentencia C-329 de 27 de mayo de 2015, respondió negativamente a este problema jurídico. Dicho problema fue planteado a raíz de la diferencia realizada por el artículo 243 CPACA con respecto a los autos apelables en el curso de la primera instancia de un proceso contencioso administrativo, atendiendo a la autoridad judicial que los profiere. En efecto, en los términos de dicha disposición los autos que resuelvan la liquidación de la condena o de los perjuicios, que decretan nulidades procesales, que prescindan de la audiencia de pruebas y los que denieguen el decreto o práctica de alguna prueba, no son apelables cuando son proferidos por un Tribunal Administrativo; B Mientras que las mismas providencias sí son susceptibles de impugnación a través del recurso apelación cuando son proferidas por un Juez Administrativo. (más…)

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Boletín virtual número 80

Junio de 2015

1. ¿Vulnera el principio de la cosa juzgada constitucional, la inclusión hecha por el CPACA de la teoría de los motivos y finalidades como limitación a la procedencia de la acción de nulidad simple en contra de actos administrativos de contenido particular, en desmedro de un pronunciamiento previo de dicha corporación que había declarado inconstitucional esta teoría bajo la vigencia del CCA?

La Corte Constitucional, en sentencia C-259 de 6 de mayo de 2015, respondió negativamente a este problema jurídico. A juicio del actor, la referencia hecha por el artículo 137 del CPACA a la teoría de los motivos y las finalidades, como limitación a la procedencia de la acción de nulidad simple en contra de actos administrativos de contenido particular, vulneraba el principio de la cosa juzgada constitucional, pues la Corte Constitucional había expulsado del ordenamiento jurídico dicha interpretación jurisprudencial, hecha bajo la vigencia de CCA, mediante sentencia C-426 de 2002. En efecto, en la mencionada sentencia, la Corte Constitucional había declarado inconstitucional dicha teoría B elaborada por el Consejo de Estado, bajo el argumento de que la misma limitaba el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes pretendieran la simple nulidad de un acto administrativo de carácter particular. (más…)

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Boletín virtual número 79

Mayo de 2015

1. ¿La decisión de declarar de oficio la nulidad por falta de jurisdicción con base en una regla jurisprudencial posterior a la presentación de la demanda vulnera el principio de perpetuatio jurisdictionis?

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2015, Exp. 11001-03-15-000-2015-00031-00, con ponencia de la consejera Susana Buitrago Valencia, al resolver una acción de tutela contra un auto del Tribunal Administrativo del Valle, respondió afirmativamente este interrogante, por considerar que declarar la nulidad por falta de jurisdicción con base en una regla jurisprudencial posterior a la presentación de la demanda, “desconoce el principio de perpetuatio jurisdictionis, conforme al cual, tanto la jurisdicción como la competencia se determinan de conformidad con la situación de hecho y las normas aplicables al tiempo de la demanda, de forma tal que su alteración resulta improcedente, salvo disposición legal que de manera expresa diga lo contrario”. (más…)

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Boletín virtual número 76

Diciembre de 2014

1. ¿Puede el Tribunal Superior o la Corte Suprema omitir la convocatoria a la audiencia de alegatos de conclusión, cuando haya sido solicitada por quien formuló por escrito los mismos alegatos?

No hacerlo configura la nulidad procesal del numeral sexto del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según lo dispuso la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en la sentencia de casación No.27001-31-03-001-2007-00126-011, en el entendido de que siempre que no se hubiere saneado puede devenir en causal de casación. (más…)

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