Boletines encontrados con la etiqueta "Excepciones de mérito, previas y mixtas"



Boletín Virtual Número 101

Julio de 2017

1. ¿Es acertado descartar la validez probatoria de un documento consistente en una grabación de voz en sistemas magnéticos por no comprobarse la autenticidad de dicho documento?

 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta positiva a esta pregunta en la Sentencia del 24 de abril de 2017, (Radicado No. 11001-31-03-027-2009-00440-01, Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco) al resolver desfavorablemente un recurso de casación por restarle valor probatorio a grabaciones magnetofónicas por no comprobarse la identidad de su emisor. Afirmó la Corporación que las grabaciones de voz son consideradas medios de prueba de carácter documental, por lo que su eficacia probatoria se liga a la verificación de su autenticidad, es decir, de la comprobación de quien lo ha suscrito o elaborado.

Si bien se había afirmado que los documentos de carácter declarativo provenientes de terceros se apreciarían sin necesidad de ratificar su contenido (salvo que la parte contraria lo solicitara), en esta oportunidad la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aseveró que: “A no dudarlo, las cintas, discos o casetes pueden ser aducidos como pruebas documentales, pero su valor, su eficacia y alcance probatorio está determinado por la autenticación de la declaración y reconocimiento de la voz por parte de su autor; sin importar, como lo ha enseñado la Sala, si provienen de una de las partes o de un tercero”. Consulte aquí la jurisprudencia (más…)

»Seguir leyendo

Boletín virtual número 83

Septiembre 2015

1. ¿Vulnera la Constitución Nacional que el legislador prohíba la apelación de ciertos autos proferidos por los Tribunales Administrativos en el curso de la primera instancia de un proceso contencioso administrativo, pero disponga que los mismos sí resultan apelables cuando son proferidos por un Juez Administrativo en primera instancia?

La Corte Constitucional, en sentencia C-329 de 27 de mayo de 2015, respondió negativamente a este problema jurídico. Dicho problema fue planteado a raíz de la diferencia realizada por el artículo 243 CPACA con respecto a los autos apelables en el curso de la primera instancia de un proceso contencioso administrativo, atendiendo a la autoridad judicial que los profiere. En efecto, en los términos de dicha disposición los autos que resuelvan la liquidación de la condena o de los perjuicios, que decretan nulidades procesales, que prescindan de la audiencia de pruebas y los que denieguen el decreto o práctica de alguna prueba, no son apelables cuando son proferidos por un Tribunal Administrativo; B Mientras que las mismas providencias sí son susceptibles de impugnación a través del recurso apelación cuando son proferidas por un Juez Administrativo. (más…)

»Seguir leyendo

Boletín virtual número 74

Septiembre de 2014

1. ¿Se vulnera el principio de Juez Competente, contenido en el artículo 29 de la CN, por el hecho de que el estatuto arbitral solo se refiera a la nulidad absoluta del pacto arbitral como causal de anulación del laudo, dejando por fuera de esta a la nulidad relativa del mismo?

La Corte Constitucional respondió afirmativamente el problema planteado. En efecto, mediante sentencia número C-572A de 2014 declaró inexequible la expresión ‘absoluta’, contenida en el numeral primero del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. A juicio de la Corte, la falta de inclusión de la nulidad relativa del pacto arbitral, como causal de anulación del laudo, “deja sin posibilidad de cuestionar, así sea por medio de un recurso extraordinario, la atribución de funciones arbitrales a individuos que no han sido expresa y válidamente habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma”. Por lo cual la norma no se compadece con la Constitución ni hace parte del margen de configuración del legislador en este tipo de asuntos. (más…)

»Seguir leyendo

Boletín virtual número 48

Abril de 2012

1. ¿Las informaciones de prensa tienen valor probatorio?

En sentencia del 19 de octubre de 2011[1], la Sección Tercera del Consejo de Estado respondió de manera afirmativa a este interrogante. Consideró que si bien las informaciones publicadas en los diarios no pueden tenerse como una prueba testimonial -por cuanto no son suministradas, bajo la gravedad de juramento, ante funcionario judicial y el comunicador no da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho-, sí pueden ser valoradas como prueba documental. (más…)

»Seguir leyendo

Boletín virtual número 38

Abril de 2011

1. ¿Cuándo el demandado –inclusive el representado por curador ad litem– omita formular la excepción previa de falta de competencia territorial, está habilitado el juez para declarar oficiosamente la nulidad de todo lo actuado?

La Sala Quinta de Decisión Civil y Familia del Tribunal Superior de Buga[1] respondió negativamente este problema jurídico. Esta Corporación sostuvo que, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, los motivos de incompetencia diferentes al funcional deberán alegarse oportunamente como excepciones previas, so pena de quedar saneados. (más…)

»Seguir leyendo

Boletín virtual número 37

Marzo de 2011

1. ¿Pueden ser sometidas a arbitraje las diferencias originadas en un contrato estatal luego de una licitación pública, cuando la cláusula compromisoria sí fue incluida en el pliego de condiciones mientras que en el contrato celebrado por las partes no fue incluida dicha cláusula?

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en auto de 19 de julio de 2010 (Rad. No. 250002326000200501347-01 (33.795)), con ponencia de la doctora RUTH STELLA CORREA PALACIO respondió afirmativamente el anterior interrogante basado en que “Estas dos clausulas muestran que a pesar de que en el contrato no se pactó expresamente la cláusula compromisoria, la misma sí fue establecida en el pliego de condiciones, el cual hace parte del contrato según lo ha dicho esta Sección en reiteradas oportunidades, razón por la cual existe una cláusula que es válida y que permite deducir que el competente para conocer de este asunto es el Tribunal de Arbitramento, que desde el inicio de esta actuación fue convocado para dirimir las controversias…” (más…)

»Seguir leyendo