Derecho

Apoderados

CASO 1

CAMILA, abogada titulada con tarjeta profesional, cuenta con poder especial para representar a STELLA en el proceso de responsabilidad extracontractual llevado contra ANDRÉS. En el proceso, la jueza decide a favor de STELLA y condena a ANDRÉS al pago de 10 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a STELLA. ¿Puede CAMILA recibir los 10 millones de pesos en nombre de STELLA? Fundamente su respuesta.

Se encuentra que el poder especial otorgado a CAMILA por STELLA no cuenta con presentación personal, el abogado de ANDRÉS considera que esto hace lo hace inexistente. ¿Qué considera usted? Fundamente su respuesta.

CASO 2

En plena audiencia de instalación del tribunal en el proceso arbitral entre VERDES SAS contra AMARILLO SAS, el apoderado de VERDES SAS, CARLOS CASTILLO, debe retirarse por lo que sustituye el poder a MARTHA LOPEZ, una de las abogadas de la firma que fue contratada para llevar dicho proceso. El poder especial fue otorgado a la firma CASTILLO LOPEZ Abogados.

El abogado de la contraparte se opone a dicha sustitución pues considera que varios abogados no pueden representar a una persona en un mismo proceso ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

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Obra recomendada: Una mirada crítica al invisible del arbitraje: la responsabilidad civil y penal de los árbitros.

El objetivo principal de este capítulo es presentar de forma crítica el que es quizás el tema menos divulgado del arbitraje –a esta conclusión se llega fácilmente si se comparan el número de artículos y libros publicados del tema, así como jurisprudencia en la que se ha tratado la misma, frente a la doctrina y jurisprudencia que existe sobre otras cuestiones arbitrales–. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, lo que podría titularse “timidez escénica” de la responsabilidad de los árbitros no se traduce en su menos o poca importancia y relevancia. Al contrario, tal y como se demostrará en este capítulo, y este el segundo objetivo de este, la responsabilidad de los árbitros es de suma trascendencia si queremos que los ciudadanos cuenten con un proceso arbitral con todas las garantías de la tutela judicial efectiva. Para cumplir con tales objetivos se ha decidido estudiar aspectos puntuales de las responsabilidades que legalmente se han establecido por el legislador español, estas son la civil y la penal, y que en suma son las herramientas legales –de primera mano– con las que cuentan los usuarios del sistema arbitral. Concienzudamente, se ha dejado por fuera la comúnmente conocida como responsabilidad disciplinaria que, por operar en sede de las relaciones profesionales entre los centros de arbitraje y los árbitros, se entiende que funciona bajo criterios distintos y por tanto su estudio amerita investigación aparte.

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