Boletín Virtual Número 145

Noviembre de 2021

1. ¿Incurre una autoridad judicial en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al declarar desierto un recurso de queja por el no pago de las copias y la no expedición de la certificación de autenticidad de las piezas procesales reproducidas? 

Sí, de acuerdo con el pronunciamiento de la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Ponente: Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en sentencia de segunda instancia del cuatro (04) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Exactamente dijo la Sala: “se sabe que en la normalidad previa a la pandemia, y en el contexto del expediente físico, las copias y su correspondiente certificación secretarial se hacían necesarias, a fin de que el superior jerárquico resolviera asuntos puntuales del trámite procesal, cuando el juez de primera instancia conservara competencia para adelantar cualquier trámite. Sin embargo, en el marco de la virtualidad, en el cual tales piezas procesales de entrada se encuentran en formato digital, desaparece la necesidad de remitir copias físicas y de certificarlas como auténticas.” 

En este orden de ideas, la Corporación afirmó lo siguiente: “a efectos de tramitar el recurso de queja, i) la parte debe cumplir con la carga procesal consistente en pagar unas expensas por concepto de copias y que cuenta con cinco días para efectuar dicho pago, so pena de declararse desierto el recurso; ii) una vez suministradas las expensas, el secretario deberá expedir las copias necesarias para tramitar el recurso dentro de los tres días siguientes al pago de las expensas; y iii) el secretario deberá remitir las copias al superior dentro del término máximo de cinco días.” 

Así las cosas, se sostuvo que “de la literalidad de la norma no se concluye la obligatoriedad de que tales copias deban ser auténticas ni que se requiera certificación alguna del secretario. Por el contrario, la norma solo establece que deberán reproducirse las piezas procesales dispuestas por el juez y que el secretario tiene la obligación de remitirlas al superior jerárquico, luego de que se efectúe el pago “de la reproducción”. Por lo tanto, no se considera que la certificación expedida por el secretario constituya un requisito sine qua non para el trámite del recurso de queja.”  

Adicionalmente, se indicó que “el Juzgado referido aplicó irreflexivamente las reglas procedimentales contempladas en los artículos 324 y 353 del Código General del Proceso, desconociendo que las piezas procesales requeridas estaban contenidas digitalmente y que en el contexto de la pandemia prevalece tanto el empleo de los medios digitales en las actuaciones judiciales, como la supresión de formalidades físicas no imprescindibles.” 

2. ¿Las copias simples presentadas en un proceso como pruebas documentales, se presumen auténticas? 

La respuesta es afirmativa, de conformidad con la providencia del día 25 de agosto de 2021, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, Radicación No.11001-31-03-026-2012-00286-01, a través de la cual se decidió el recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso de pertenencia donde se formuló acción reivindicatoria por vía de reconvención. 

En este pronunciamiento la Sala de Casación Civil señaló que el canon 244 del Código General del Proceso trajo un cambio radical, mediante el cual se abrigó con presunción de autenticidad a todos los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia. 

La Corte señaló que inveteradamente esta misma Corporación, había indicado que las copias simples no tenían eficacia demostrativa de conformidad con el derogado artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que condicionó su importancia denotativa a casos específicos. Sin embargo, a pesar de la actual vigencia del Código General del Proceso, el Alto Tribunal fue enfático en advertir que, la jurisprudencia del pasado, que señaló que las copias carecían de valor probatorio[1],  se aplica en las hipótesis donde haya duda en el origen o en el contenido del documento allegado en copia simple; pero no a los casos en que los mismos sujetos en contienda cejan la incertidumbre, es decir, cuando el documento lo conoce la contraparte sin que su autenticidad y contenido sea cuestionado, ni de forma total o parcial. 

Finalmente, sumado a este pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, es menester desahogar un comentario adicional, en el sentido de que la presunción de autenticidad establecida en el inciso 2 del artículo 244 del Código General del Proceso, se derriba cuando el documento aportado en copia es tachado de falso o se desconoce; sin dejar de anotar que quien formula la tacha tiene la carga de probar la falsedad que alega (artículo 270 de la misma normatividad). 

[1] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencias del 4 de noviembre de 2009, expediente 00127; de 18 de diciembre de 2012, expediente 00104; y de 1 de diciembre de 2015, expediente 00050. 

3. ¿Se configura una vulneración del derecho al debido proceso administrativo, no obstante la entidad accionada (Agencia Nacional de Tierras) alegue a su favor, como justificación del evidente incumplimiento de los términos procesales para la adjudicación de unos baldíos, (i) el número global de solicitudes de adjudicación a su cargo (más de 175.000 solicitudes), (ii) las vicisitudes procesales en el proceso de revocación directa de algunas resoluciones de adjudicación objeto de la controversia (declarado nulo de oficio en el 2012 por indebida notificación) y (iii) la magnitud del área objeto del deslinde (14.000 hectáreas)? 

Al pronunciarse sobre el fondo de la controversia, por cierto ya resuelta en la sentencia T-532 de 2019, pero declarada nula por la Corte Constitucional, la Sala Plena, en la sentencia de unificación SU-2013 del 8 de julio de 2021, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, entre otras cuestiones muy relevantes, como aquella relativa a la vulneración del derecho de petición, respondió de forma afirmativa a este interrogante: “los ciudadanos no tienen el deber jurídico de soportar las vicisitudes administrativas descritas por la ANT para justificar el incumplimiento de los términos referidos.  Por el contrario, la dilación de los términos para resolver los procedimientos a su cargo resulta reprochable, por cuanto carece de justificación”. 

En términos más precisos, la Corte, previo análisis del caso concreto, consideró que la ANT superó el plazo razonable a la luz de los cuatro criterios que la misma Corte, así como la Corte IDH, han establecido como parámetros para determinar cuándo el incumplimiento de los términos procesales genera una vulneración de derechos fundamentales: (i) la complejidad del asunto; (ii) La actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad competente; (iv) la situación jurídica de la persona interesada. 

La superación del plazo razonable, que para la Corte incide en el goce efectivo del derecho al acceso progresivo a la tierra, configura, en el sentir de la Sala Plena, “una situación de bloqueo institucional inconstitucional (…) un contexto de “parálisis institucional”[1] que constituye una afectación para los accionantes (… que) amerita la intervención “excepcional”[2] (…)”, como efectivamente resulta claro en la parte resolutiva del fallo: “(…) Para garantizar que tales procedimientos se tramiten en un plazo razonable, la Agencia Nacional de Tierras deberá dar estricto cumplimiento al plan de priorización elaborado por dicha entidad, así como a los ajustes dispuestos por la Corte(…)”.  

[1] Cfr. Sentencia SU-235 de 2016.  

[2] Id. 

4. ¿Es razonable la decisión de rechazar la solicitud de prueba extraprocesal porque el poder judicial fue aportado en un archivo ”pdf”, en vez de un mensaje de correo electrónico proveniente del poderdante?

La respuesta es positiva según la sentencia 24 de septiembre de 2021 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia^[1] que resolvió la acción de tutela contra los autos que rechazaron la solicitud de prueba extraprocesal porque, en vez de allegarse el poder en mensaje de correo electrónico proveniente de la poderdante, se aportó escaneado y con su antefirma. 

Para la Sala, exigir que el poder se allegue mediante correo electrónico es justificado porque debe demostrarse la voluntad del poderdante para conferirlo. Sin embargo, la corporación concedió el resguardo porque, durante el trámite de la tutela, un empleado de la entidad se comunicó con la accionante y verificó que sí había conferido el poder. 

El magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo aclaró el voto para precisar que el decreto 806 de 2020 permite conferir poder por mensaje de datos, noción por la que “no puede entenderse solamente la información remitida a un destinatario (equivalente a un mensaje de correo electrónico), sino que debe acogerse el sentido legal que le otorga el literal a) del artículo 2º de la ley 527 de 1999: información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada con un soporte electrónico, digital, óptico o similar. Así las cosas, mensaje de datos no es solamente el que se envía a un destinatario o circula por medio de las TIC sino cualquier dato, declaración o información que repose en un continente tecnológico”, por lo que era improcedente asimilar las nociones de mensaje de datos a la de mensaje de correo electrónico. 

^[1] Acción de tutela promovida de Leidy Janeth Rojas Mejía contra los Juzgados Promiscuo del Circuito y Primero Promiscuo Municipal de Guaduas, radicación 2021-00194-01, M.P.: LUIS ALONSO RICO PUERTA, STC12602-2021. 

5. ¿En el recurso de apelación, pueden confluir en un mismo memorial los reparos concretos y la sustentación del recurso? 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 22 de julio de 2021 (STC9175-2021 Radicación n.° 11-001-02-03-000-2021-02264-00), con ponencia del doctor OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE respondió afirmativamente el anterior interrogante. La Corte indica que “la existencia de estas dos figuras (reparos concretos y sustentación) comportan dos aspectos disímiles para los cuales el legislador ha señalado formas distintas en cuanto a su realización, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar la competencia del ad quem, razón por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma idónea, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresión o conlleve a la aplicación irreflexiva de la deserción contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentación (argumentación) de la alzada será procedente su correspondiente tramitación.”.

Con este argumento concluye diciendo que “como quiera que el actor presentó reparos concretos a la decisión reprochada y que los mismos fueron sustentados, aun de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, de manera tal que resultan suficientes los argumentos para desatar la alzada, no queda alternativa diferente a la de conceder el amparo invocado.” 

Adicionalmente, la Corte resalta en el contexto del recurso de apelación de sentencias la diferencia y relación entre reparo y sustentación al indicar que “es dable comprender al reparo concreto como aquella enunciación específica de una inconformidad desprovista de argumentación dirigida en contra de una decisión judicial o parte de ella y que a su vez permite delinear los contornos dentro de los que se construirá el acto de la sustentación, entendido este como el ejercicio de justificación con el que se pretende soportar el disentimiento propuesto.”. La Corte en la interposición del recurso de apelación también diferencia frente a quién se interpone y a quién se halla dirigida al decir “resulta significativo diferenciar que una cuestión significa frente a quién se interpone una sustentación y otra muy distinta es a quién se halla dirigida, de manera tal que tratándose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, y desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante el a quo o directamente a su superior funcional, pues en últimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado.” 

6. ¿Se configura un defecto procedimental cuando el juez de segunda instancia decide cambiar el medio de control con el cual se venía tramitando la demanda, sin que medie reproche sobre el medio de control?

Con fundamento en el artículo 328 del Código General del Proceso, que señala que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, la Sección Segunda señaló lo siguiente: 

“De lo anterior, emerge con claridad para la Sala, que la Sección Tercera excedió el marco de sus competencias, las cuales, como quedó visto, se delimitan en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, máxime cuando se trata de apelante único, lo que se traduce en un defecto procedimental. 

Sumado a ello, cambiar en la resolución del recurso de apelación el medio de control sobre el cual se venía desarrollando el análisis del caso, sin que esta situación hubiese sido objeto de reproche, desconoce del derecho a la doble instancia de la parte demandante. 

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que es el Tribunal, al realizar el saneamiento del proceso, es el que debe determinar cuál es el medio de control aplicable al caso objeto de estudio, decisión que puede ser objeto de recurso por las partes”. 

7. ¿Es obligatorio que el representante legal de una entidad pública acuda a rendir interrogatorio de parte?  

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia respondió afirmativamente a este interrogante mediante la sentencia del 7 de octubre de 2021, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, Exp: 11001-22-03-000-2021-01707-01. Esta corporación conoció en segunda instancia de una acción de tutela promovida en contra de una providencia de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que sancionó a un representante legal de una sociedad de economía mixta con capital público por la no asistencia a la audiencia a rendir interrogatorio de parte. De acuerdo con el recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 del Código General del Proceso, los representantes legales de las entidades públicas tienen prohibido rendir interrogatorio de parte oral en audiencia, en la medida en que dicho representante no puede confesar. 

En este caso, la Corte suprema consideró que no se había vulnerado el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, como quiera que su representante legal sí estaba obligado a rendir interrogatorio de parte, pues este es un vehículo para producir dos medios de prueba completamente independientes: la declaración de parte, que implica valorar las afirmaciones que favorecen a la parte; y la confesión, que implica valorar las afirmaciones que desfavorecen a la parte o que favorecen a su contraparte, y ambos medios de prueba se valorarán por el juez de conformidad con las reglas de la sana crítica: 

“(…) De ahí la relevancia de la declaración de parte y la confesión como medios de prueba. La primera, en términos generales, consiste en el relato que la propia parte realiza sobre los hechos materia de litigio, le favorezca o no, y la segunda, es también una versión de aquella, pero cualificada, pues debe recaer sobre hechos que la perjudiquen y cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 191 del Código General del Proceso. De suerte que puede afirmarse que toda confesión es una declaración de parte, pero no toda declaración de parte constituye una confesión. Aunque ambas han ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica y en armonía con los demás medios de convicción, la confesión, por los efectos que genera, está sometida a pautas especiales que han de observarse para que adquiera mérito probatorio (…) 

(…) 

Significa, entonces, que las partes pueden rendir su versión sobre los hechos materia de la controversia, algunas veces se tratará de una simple declaración y, en otras ocasiones, de una confesión, lo que, en todo caso, definirá el juez al momento de valorar el relato del interesado, asignándole el mérito correspondiente. 

(…) 

El interrogatorio de parte es la vía para obtener las declaraciones de los contendientes, comoquiera que a través de ese acto puede provocarse la declaración de parte o su confesión (…)”. 

Así las cosas, esta corporación expresó que los representantes legales de entidades públicas que hagan parte de un proceso civil no se encuentran eximidas de rendir interrogatorio de parte cuando sean llamadas, y el informe escrito que pueden rendir es un complemento a su interrogatorio de parte:  

“(…) las partes tienen el deber comparecer ante el juez cuando son citados a rendir interrogatorio. De no hacerlo, quedan sometidos a las consecuencias previstas en el estatuto procesal civil (…) 

(…) 

Las entidades públicas pueden ser parte en los procesos civiles, si es que tienen que acudir a esa especialidad de la jurisdicción ordinaria a defender sus intereses bien como demandantes o demandadas, y por tal razón quedan sometidas a la ley procesal civil. 

Por supuesto, en aras de proteger el patrimonio público que representan, el legislador ha diseñado distintas reglas que le otorgan un trato diferencial en relación con las otras partes del proceso. Así, por ejemplo, de acuerdo con el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, el juez competente en los asuntos donde interviene un organismo de esa naturaleza es el del lugar de su domicilio. Tratándose del deber de las partes de rendir interrogatorio no existe una norma que exima a tales entidades de cumplirlo, y lo cierto es que no hay razones para ello, si en cuenta se tiene que su versión sobre los hechos objeto de litigio es relevante para el proceso civil, al igual que el de los otros intervinientes. 

(…) 

De donde se desprende que los representantes legales de tales dependencias pueden declarar y, por ende, ser interrogados con ese propósito, solo que al fallador le está vedado a la hora de apreciar la versión, valorar aquellas atestaciones que tengan el carácter de confesión -admisión de hechos perjudiciales para la entidad-, en atención a que debe protegerse el interés general y el patrimonio público. 

(…) 

Al mismo tiempo, cuando el inciso segundo de la regla 195 comentada, señala: «[s]in embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud», no está excluyendo la posibilidad de que el representante comparezca al proceso a rendir su declaración de viva voz, la norma, únicamente, establece que si bien la versión que perjudica a la entidad no puede ser estimada, el fallador puede pedirle al representante que presente un informe bajo la gravedad del juramento. En otras palabras, nada obsta para que un representante de una entidad pública sea conminado a presentar ese informe y, simultáneamente, se citado a rendir declaración de parte, cuanto más, si al tenor del referido artículo 198 son elementos de juicio disímiles (…)”.