Novedades Observatorio Constitucional
4 de noviembre de 2025
Novedades Observatorio Constitucional – Octubre de 2025.
En el mes de Octubre de 2025 nuestro Observatorio comparte las siguientes novedades:
1. ¡Nueva demanda! Se admitió demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 2213 de 2022.
Los demandantes argumentaban que el artículo 10, 12 y 13 de la Ley 2213 de 2022 vulneraban los derechos al debido proceso (art. 29 C.P.), acceso efectivo a la justicia (art. 29 C.P.) e igualdad (art. 13 C.P.). Sin embargo, la Corte Constitucional solo admitió los cargos en contra el artículo 10 de la Ley 2213 de 2022.
Respecto del artículo 10, la demanda sostiene que al disponer que los emplazamientos se realicen “únicamente” a través del Registro Nacional de Personas Emplazadas (RNPE), eliminando los medios físicos tradicionales previstos en el Código General del Proceso, se violan los derechos al debido proceso, acceso efectivo a la justicia e igualdad. Señalan que esta exclusividad impide garantizar el conocimiento real del proceso y el ejercicio efectivo del derecho de defensa, pues la notificación constituye un acto sustancial dentro del debido proceso y no puede supeditarse a un único medio digital. Además, advierten que la norma parte de una presunción irreal de conectividad universal, desconociendo que amplios sectores del país —especialmente zonas rurales y poblaciones vulnerables— carecen de acceso a Internet, lo cual genera una discriminación indirecta y afecta la igualdad material.
Argumentan que, en consecuencia, la disposición resulta desproporcionada e irrazonable, ya que, si bien busca modernizar la justicia, impone una carga excesiva sin ofrecer medios alternativos que garanticen la efectividad del emplazamiento. Los demandantes destacan que la medida reproduce una regla excepcional del Decreto Legislativo 806 de 2020, expedido durante la emergencia sanitaria, pero ahora incorporada de forma permanente sin una justificación constitucional válida. Al trasladarse a un contexto ordinario, la norma pierde su fundamento de necesidad y se convierte en una restricción injustificada que debilita el derecho de defensa, el acceso real a la justicia y la igualdad de condiciones ante la ley.
