Boletines encontrados con la etiqueta "Acciones Populares y de Grupo"



Boletín virtual número 77

1. ¿Es procedente aplicar el término de caducidad de cuatro meses, previsto por el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para las acciones de grupo iniciadas con posterioridad a la vigencia de dicha ley, dirigidas a obtener la indemnización originada por actos administrativos proferidos con anterioridad a esta fecha?

La Corte Constitucional, en sentencia T-869 de 13 de noviembre de 2014, respondió negativamente a este interrogante. Al analizar las disposiciones relativas a la vigencia de la ley 1437 de 2011, la Corte determinó que a pesar de que dicha ley resulta aplicable para procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia, los fenómenos relativos a las actuaciones administrativas que pueden dar origen a los distintos procesos judiciales se rigen por la ley vigente al momento en que se inició dicha actuación. En efecto, para esta corporación “el único presupuesto para aplicarse la normativa vigente, anterior a la Ley 1437 de 2011, es que ya se hubiese iniciado la actuación o diligencia, de lo cual se infiere que esas circunstancias pueden concretarse en relación con asuntos en los cuales no exista proceso propiamente dicho, como por ejemplo en el caso del término de caducidad que hubiere empezado a correr aunque no se hubiere presentado aún la demanda judicial”. (más…)

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Boletín virtual número 63

Septiembre de 2013

1. ¿Puede la Autoridad Administrativa exigir únicamente sentencia judicial, para acreditar probatoriamente la calidad de compañero(a) permanente supérstite, para el reclamo de pensiones de sobrevivientes?

El anterior interrogante fue absuelto en forma negativa por el Consejo de Estado Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González, en fallo de Tutela de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011), Radicación número: 19001-23-31-000-2010-00237-01(AC), de Alba Valencia Mera contra Caja de Retiro de las Fuerzas Militares: Sobre el particular, como quiera que el ordenamiento establece unas calidades para hacerse beneficiario de la pensión de sobrevivientes, resulta indispensable acreditarlas para acceder a ésta, por lo que el interesado está en la obligación de probar el cumplimiento de los requisitos legales y es procedente que la administración los verifique, no obstante, la exigencia de presentar una sentencia judicial como único medio de acreditación no es una medida válida. (más…)

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Boletín virtual número 56

Diciembre 2012

1. ¿Las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, están sometidas al acatamiento del término perentorio de un año para proferir fallo?

El anterior cuestionamiento fue resuelto de forma positiva por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 6 de septiembre de 2012, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez (Exp. 001 2009 29657 01). (más…)

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Boletín virtual número 55

Noviembre 2012

1. ¿Las declaraciones juramentadas rendidas ante Notarios o Alcaldes, tienen algún valor probatorio?

Según la sentencia de 11 de julio de 2012 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Funza – Cundinamarca, mediante la cual se decidió la primera instancia de un proceso ordinario de simulación absoluta de un contrato de compraventa, promovido por varios sucesores del causante que figuró como vendedor, la respuesta es negativa. (más…)

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Boletín virtual número 46

Diciembre de 2011

1. ¿En la solicitud de requerimiento de designación de árbitros ventilado ante el Juez Civil del Circuito, el auto que rechaza este trámite por falta de competencia, es susceptible del recurso de apelación?

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en auto de 13 de julio de 2011 (Exp. No. 33-10-0636-01), con ponencia del doctor RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS, respondió negativamente el anterior interrogante al afirmar que “Ahora bien, aunque en efecto, dicha norma enlistó como apelable el auto que rechaza la demanda, la misma no podía aplicarse a la solicitud de designación de árbitros puesto que en estricto sentido, la presente actuación no es un proceso y tampoco se inicia con una demanda sino con una solicitud ante el juez civil del circuito” tal como lo dispuso el artículo 101 de la Ley 23 de 1991 que fue modificado por el artículo 9 del Decreto 2279 de 1989. (más…)

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Boletín virtual número 43

Septiembre de 2011

1. ¿Basta la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia para que sea procedente la acción de tutela?

La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil[1], reiteró que la tutela no es procedente solo porque la determinación de un operador judicial sea arbitraria o afecte los derechos fundamentales del accionante, sino que es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa. Señaló que si estos medios no se utilizaron por descuido o ligereza del supuesto afectado, la tutela es improcedente. Por tal razón, el alto tribunal declaró improcedente la tutela interpuesta por quien reclamaba su derecho de acceso a la administración de justicia, porque consideró que hubo error en una notificación para cumplir el trámite procesal que permitiera dar continuidad a la apelación de un fallo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso de restitución de inmueble. La Corte dijo que aunque la accionante ejerció la apelación en tiempo, no cumplió con la carga procesal que fija el código de procedimiento civil de estar pendiente de la notificación del auto de admisión del recurso y dicha omisión no la podía remediar acudiendo a la acción de tutela. (más…)

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