Auto 19 de diciembre 2016 – Suspensión provisional de algunos artículos del decreto 1736 de 2012

En el marco de una demanda que pretende la nulidad del decreto 1736 de 2012 «(…) Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones (…)», el pasado 19 de diciembre la sala contencioso administrativa del Consejo de Estado resolvió la solicitud de suspensión provisional de algunos de sus artículos, la cual compartimos por ser de gran interés para todos los profesionales del Derecho.

Auto CE diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)

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China y Colombia frente a frente. Dos tradiciones jurídicas, Cuatro Temas, Ocho Perspectivas

La Universidad Externado de Colombia invita a participar en el primer encuentro entre las facultades de derecho de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Fudan (China), los días 3 y 4 de octubre en el salón D-604.

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CEJA convoca a concurso regional de ponencias para Seminario sobre Justicia Civil en Buenos Aires

En el marco del “Seminario Internacional: Discusiones Actuales Sobre la Reforma a la Justicia Civil en América Latina”, que se realizará en Buenos Aires los días 13 y 14 de octubre próximos, CEJA convoca a un concurso regional de ponencias sobre dos temas específicos relacionados con la Justicia Civil. Los seleccionados expondrán sus trabajos en el Seminario, para lo cual la organización cubrirá su pasaje aéreo en clase turista, traslado al hotel, alojamiento por tres noches y viáticos. (más…)

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Boletín virtual número 96

Diciembre del 2016

1. ¿Es la reconstrucción del expediente causa de suspensión del proceso? En consecuencia, ¿las irregularidades ocurridas durante su trámite constituyen causa de nulidad a la luz del numeral 3° del artículo 133 del Código General del Proceso?

En ambos casos la respuesta es negativa, según providencia de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente LUIS ALONSO RICO PUERTA, radicación número: 08001-3103-013-2001-00093-01. (más…)

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Boletín virtual número 95

Noviembre de 2016

1. ¿El “error inducido” es la misma vía de hecho por consecuencia originada en una prueba falsa?

La respuesta es afirmativa, pues un juez que lleva el proceso por el ritual indicado por la ley, con total garantía de defensa para las partes y que a pesar de ejercer en debida forma su valoración crítica de las pruebas, no logra que su certeza fáctica se identifique con la realidad de lo acaecido, en virtud a un error cometido por alguien externo al proceso, verbigracia por un dato estadístico equivocado o información falsa proveniente de una autoridad registral, se dice que fue inducido por esa errática información, lo que es lo mismo una vía de hecho por consecuencia. (más…)

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Boletín virtual número 94

Octubre de 2016

1. ¿La posibilidad de conciliar hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso?

No, de acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-404 del 3 de agosto del 2016. Exactamente dijo la Corte: “para la Corte la posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso. En primer lugar, porque el artículo 29 de la Constitución no hace mención alguna de la conciliación, ni de otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Por otra parte, la inclusión de la conciliación como una garantía constitucional del debido proceso tampoco se desprende de una interpretación sistemática o teleológica de la Constitución. En efecto, es perfectamente posible que el Congreso decida excluir la posibilidad de que las partes solucionen controversias mediante la conciliación, o mediante otras formas de solución alternativa de conflictos, en determinados procesos. En efecto, tanto la determinación de los recursos y actuaciones propios de cada proceso, como la decisión respecto de las materias que pueden ser objeto de B conciliación hacen parte de la potestad de configuración del legislador. Por lo tanto, no existen en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto de los cuales el Legislador tenga el deber constitucional de permitir la conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación dentro del proceso, o por fuera de él.” (más…)

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Boletín virtual número 93

Septiembre de 2016

1. ¿Solamente propietarios, poseedores y ocupantes se encuentran legitimados para formular pretensión de restitución en el contexto de la Ley 1448 de 2011? ¿No considerar al tenedor como sujeto legitimado para solicitar la restitución constituye una omisión legislativa absoluta y por tanto carecen del derecho a la reparación?

En Sentencia C-330 de veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte Constitucional, Magistrada Ponente MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, Expediente D-11106, se pretendió se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2014, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Las disposiciones acusadas fueron declaradas condicionalmente exequibles. (más…)

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Boletín virtual número 92

Agosto 2016

1. ¿Es contrario a la Constitución Nacional que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, contenido en el CPACA, solamente sea procedente en contra de sentencias proferidas por Tribunales Administrativos y no contra sentencias proferidas por el Consejo de Estado?

La Corte Constitucional, en sentencia C-179 de 13 de abril de 2016, respondió negativamente a este interrogante. La demanda de inconstitucionalidad se dirigía en contra de la expresión “por los tribunales administrativos”, consagrada en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, pues en concepto del accionante la exclusión de la sentencias del Consejo de Estado como susceptibles de este recurso violaba, entre otros, el derecho a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. La Corte declaró exequible tan apartado normativo al considerar que el mismo se encontraba de conformidad con el margen de configuración del legislador en materia procesal y que la distinción planteada entre las sentencias de los Tribunales Administrativos y las del Consejo de Estado obedecía a criterios razonables y objetivos. (más…)

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