Boletines encontrados con la etiqueta "Pruebas"



Boletín Virtual Número 101

Julio de 2017

1. ¿Es acertado descartar la validez probatoria de un documento consistente en una grabación de voz en sistemas magnéticos por no comprobarse la autenticidad de dicho documento?

 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta positiva a esta pregunta en la Sentencia del 24 de abril de 2017, (Radicado No. 11001-31-03-027-2009-00440-01, Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco) al resolver desfavorablemente un recurso de casación por restarle valor probatorio a grabaciones magnetofónicas por no comprobarse la identidad de su emisor. Afirmó la Corporación que las grabaciones de voz son consideradas medios de prueba de carácter documental, por lo que su eficacia probatoria se liga a la verificación de su autenticidad, es decir, de la comprobación de quien lo ha suscrito o elaborado.

Si bien se había afirmado que los documentos de carácter declarativo provenientes de terceros se apreciarían sin necesidad de ratificar su contenido (salvo que la parte contraria lo solicitara), en esta oportunidad la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aseveró que: “A no dudarlo, las cintas, discos o casetes pueden ser aducidos como pruebas documentales, pero su valor, su eficacia y alcance probatorio está determinado por la autenticación de la declaración y reconocimiento de la voz por parte de su autor; sin importar, como lo ha enseñado la Sala, si provienen de una de las partes o de un tercero”. Consulte aquí la jurisprudencia (más…)

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Boletín virtual número 99

Mayo de 2017

1. ¿Los procesos de exequátur iniciados antes del 1 de enero de 2016 deben regirse íntegramente hasta su culminación por el Código de Procedimiento Civil?

La Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 (Rad. 11001-02-03-000-2015-02702-00) con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ramírez, respondió afirmativamente esta inquietud. En el caso bajo análisis, la Corte precisó que en atención a que el artículo 625 del C.G.P. el cual regula lo concerniente al tránsito de legislación, no hace ninguna referencia específica al trámite del exequátur, debe darse aplicación a lo dispuesto en los numerales 5° y 6° de dicho precepto, por lo que este trámite debe regirse de conformidad con las leyes vigentes en el momento en que se hizo la respectiva solicitud.

Sostuvo la Corte:

“1. El artículo 625 del Código General del Proceso, establece las reglas para la transición de legislación de aquellas controversias que se iniciaron bajo el anterior estatuto procesal, en su numerales 1 a 4 fija patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Y respecto a otros asuntos en los numerales 5 y 6 se precisó que:

  1. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
  2. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior. (Subrayado fuera del texto).

De lo que se colige, que al no existir una referencia concreta al exequátur en los numerales 1 a 5, queda inmerso dentro de la última regla transcrita, por lo que en aquellos trámites de homologación que iniciaron antes de la entrada en vigencia de del Código General del Proceso, se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició”.  Consulte la jurisprudencia aquí

2. ¿En los casos de adjudicación o realización especial de la garantía real se aplica de forma privativa el fuero real?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017), de la que fue ponente el Honorable Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, respondió de manera afirmativa a este interrogante, al resolver el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí (Boyacá), en el marco de un proceso de adjudicación o realización especial de la garantía real.

En este caso, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá alegó su incompetencia por considerar que el Juez encargado de resolver el asunto era el Juez Civil del Circuito de Ramiriquí, por ser este el lugar en donde se encontraba el bien hipotecado. Juzgado que a su vez se declaró incompetente por considerar que quien debía conocer del proceso era el Juez del domicilio del demandado o del lugar del cumplimento de las obligaciones.

Frente a lo anterior la Sala, luego de recordar la mecánica propia de distribución de atribuciones del Código General del Proceso, consideró que, aun cuando lo que se pretendía con la demanda era el cobro de una obligación respaldada por letras de cambio, como esta no solo venía acompañada de la “prerrogativa de persecución propia de la afirmada condición de acreedor hipotecario (artículo 2452 del Código Civil) que aspira hacer valer el interesado, sino que además se encuentra invocando la modalidad de adjudicación o realización especial de dicha garantía prevista en el canon 467 del Código General del Proceso, queda claro que los mentados foros relativos al domicilio del ejecutado y la satisfacción de los créditos, se neutralizan, tornándose inoperantes en razón de la protagónica y excluyente aplicación del fuero real señalado como privativo, tal cual se explicó en procedencia”.

Adicionalmente indicó que “en supuestos como el presente, la conclusión previa se torna aún más nítida por cuanto la finalidad de la actuación es esencialmente hacerse al bien hipotecado, por vía directa de la adjudicación, para la satisfacción del crédito, lo que en todo caso, se ha predicado con similar contundencia por esta Sala en todos los eventos de ejecución para la efectividad de la garantía real, trátese de la variable exclusiva (art. 468 ejusdem) o la concurrente con la persecución personal (CSJ AC014-2017, 12 ene. 2017, rad. 2016-03289-00 y Ac752-2017, 13 feb. 2017, 2016-03143-00). Consulte aquí la jurisprudencia

3. ¿Un concepto rendido por el Consulado de Colombia constituye prueba suficiente para acreditar el requisito de reciprocidad en un trámite de homologación de sentencia proferida en el exterior?

La respuesta es negativa, de acuerdo con la providencia de fecha trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Dr. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, Radicación número: 11001-0203-000-2007-01340-00.

Se presentó solicitud de exequátur de sentencia proferida por la Corte del Circuito del Condado de Miami-Dade (Florida) –EEUU-, que nombró curador limitado -en razón de una enfermedad mental degenerativa padecida por el beneficiario de la curaduría para la realización de los actos indicados en ella. La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte no concedió el exequátur al no encontrarse acreditadas la reciprocidad diplomática, ni la legislativa entre Estados Unidos y Colombia para el reconocimiento de sentencias.

Se afirmó frente a la inquietud formulada que:

“(…) una sola certificación carece de la aptitud para probar el derecho extranjero. (…) La carga probatoria de allegar dos (2) testimonios de abogados foráneos estaba en cabeza del convocante, pues su deber era acreditar el cumplimiento de todos los supuestos exigidos para la prosperidad del exequatur, so pena que su solicitud sea negada, como en efecto se hará. (…) en ausencia, dé reciprocidad diplomática, incumbía a la solicitante del exequatur la carga de probar la vigencia de la ley extranjera sobre el ‘particular para establecer así si se le reconocen en los Estados Unidos efectos a las sentencias pronunciadas en asuntos como este por los jueces civiles colombianos, carga procesal que no se encuentra satisfecha y que, por ende, impone despachar negativamente la solicitud de exequatur impetrada en la demanda”.

(…) Ciertamente el 28 de agosto de 2009 se arrimó un escrito en el que se hacen algunas reflexiones sobre el reconocimiento de providencias extranjeras en el país norteamericano; sin embargo, el mismo no fue suscrito por la persona que lo elaboró y, en todo caso, no hace una revisión de las reglas particulares aplicables al Estado de la Florida. En adición, el documento no brinda claridad sobre las condiciones que son exigidas para la homologación, de suerte que sea dable analizar su correspondencia con la legislación Colombia. (…) Obsérvese que se habla de «comunidad» de naciones como condición del exequatur, pero no se señalan los requisitos que deben satisfacerse para lograr que un juez estadounidense lo aplique y conceda efectos a una sentencia colombiana en ese país. Por el contrario, se indica que no existe reciprocidad legislativa propiamente dicha, sino que debe hacerse un análisis caso por caso, indicando aspectos como el debido proceso, imparcialidad o ausencia de fraude, pero sin clarificar si son los únicos y las fuentes jurídicas que soportan sus conclusiones. Razones suficientes para negarle mérito de convicción”. Consulte aquí la jurisprudencia

4. ¿Existe nulidad por indebida notificación del auto admisorio, cuando el aviso establece erróneamente que la demandada es una sociedad anónima cuando es una sociedad limitada?

La Sala de la Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, respondió negativamente a esta pregunta mediante sentencia del 14 de marzo de 2017, en proceso reivindicatorio que se adelantó en contra del Banco Bilbao Viscaya Argentaria de Colombia S.A., BBVA Colombia, de la cual fue ponente el H Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, estimando que las formalidades del aviso de notificación: “siempre tienen un propósito específico. Nunca son caprichosos. Por consiguiente, tales exigencias carecen de valor por sí mismas. Su importancia, así como la de su satisfacción, está siempre determinada por la finalidad que con ellos se persigue”.

De esta manera, la Corte concluyó que: “pese al error que contiene en cuanto a la indicación del nombre de la demandada, cumplió la finalidad perseguida por el legislador, esto es, que, con base en su contenido, la notificada pudiera establecer que ella correspondía a la persona en contra de quien se estaba adelantando el proceso ordinario sobre el que ese acto de enteramiento versó y, consecuencialmente, defenderse”. Consulte aquí la jurisprudencia

5. ¿El poder Ejecutivo, en uso de su facultad para subsanar yerros caligráficos o tipográficos en las leyes, prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, puede introducir modificaciones sustanciales a los textos legales, agregarlos o sustituirlos?

En auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,  del diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 11001-03-24-000-2012-00369-00, se respondió negativamente el problema jurídico planteado, al decretar la suspensión provisional de los efectos de los artículos 3 (que corrigió el artículo 20.9 del CGP), 5 (que corrigió el artículo 163 del CGP, eliminando el inciso tercero), 6 (que corrigió el inciso primero del artículo 338 del CGP), 8 (que corrigió el artículo 393 del CGP), 9 (que corrigió el título del artículo 397 del CGP), 14 (que corrigió el numeral 7 del artículo 625 del CGP), 16 (que corrigió el literal a) del artículo 626) y 18 (que corrigió el numeral 1° del artículo 627 del CGP) del Decreto 1736 de 17 de agosto de 2012, expedido por el Gobierno Nacional, «Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”», con base en los siguientes argumentos:

“Recogiendo las anteriores reflexiones, cuando el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 se refiere a la corrección de yerros caligráficos o tipográficos, se entiende que el Ejecutivo solo puede proceder a la corrección de errores de redacción, de aplicación de la gramática española, de impresión, de digitación y transcripción, así como corregir errores de referencia y de enumeración de artículos, numerales o incisos.

Esta facultad se ejerce, como lo indica el texto legal, siempre que no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador. Lo anterior implica, entonces, que no es posible, por vía de la corrección de yerros caligráficos o tipográficos, la introducción de modificaciones sustanciales a los textos legales, ni agregarlos o sustituirlos.

El ejercicio inapropiado de esta facultad desconoce el principio de separación de poderes cuyo enunciado se encuentra, principalmente, en el artículo 113 de la Carta Política[1], en la medida en que permite la concentración abusiva del poder en cabeza del Ejecutivo.

(…)

Así mismo, la extralimitación en la facultad prevista en el mencionado artículo es contraria al principio democrático en la medida en que el debate de las distintas fuerzas políticas, elegidas por los ciudadanos para representarlos, que integran el Congreso de la República y que da lugar a la expedición de las leyes, es reemplazado por una voluntad única en cabeza del Presidente de la República.” Consulte aquí la jurisprudencia

6. En el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la vacancia judicial interrumpe o suspende el término de caducidad?

De acuerdo con el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la Sentencia del 9 de febrero de 2017 del Consejo de Estado, luego de transcribir los artículos 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 62 del Código de Régimen Político y Municipal y el 121 del Código de Procedimiento Civil (actualmente establecido en el artículo 118 del Código General del Proceso), para su contabilización, no deben ser tenidos en cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o los que, por cualquier causa, el Despacho deba permanecer cerrado, …”.

El Consejo de Estado, además, aclaró que “en caso de que el término para presentar la acción se venza en los días en que el Despacho Judicial no se encuentre prestando sus servicios, dicho término se extenderá hasta el primer día hábil siguiente”.

En conclusión, la vacancia judicial no interrumpe el término de caducidad para presentar la acción, pues tal circunstancia no debe ser tenida en cuenta, salvo que dicho plazo expire dentro de ésta, caso en el cual, como ya se dijo, la acción caducaría si en el primer día hábil siguiente no se presenta la demanda. Consulte aquí la jurisprudencia

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[1] «ARTICULO  113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»

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Boletín virtual número 98

Abril de 2017

1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto con base en la causal consistente en “haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes” por hechos discutidos y alegados dentro del proceso en el que se dictó sentencia?

A esta pregunta se le dio respuesta negativa en la Sentencia del 19 de noviembre de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Radicado No. 11001-02-03-000-2015-00308-00, Magistrado Ponente Ariel Salazar Ramírez) al declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, que fijó la línea divisoria entre dos predios colindantes. A juicio de la recurrente, los jueces de instancia habían sucumbido ante la colusión y fraude por parte de la contraparte, al basar sus argumentos en hechos que, a su criterio, no eran ciertos.

La Corte afirmó que la causal invocada consiste en una discrepancia entre la verdad material y la acreditada en el proceso, en razón de maniobras fraudulentas realizadas por los sujetos procesales con el fin de causar un perjuicio a su contraparte. No obstante, consideró que los hechos que dan lugar al recurso deben ser externos al proceso, es decir, producidos por fuera de él, más no alegados y discutidos en el seno del mismo: “[n]o son fraudulentos aquellos actos que han sido puestos a consideración del aparato judicial sin doblez o fingimiento alguno, y que los intervinientes han tenido la oportunidad de conocer y controvertir”. Consulte aquí la jurisprudencia

2. ¿Es inadmisible un recurso de apelación en contra de una sentencia dictada en un proceso civil, cuando el apelante no precisa, al momento de interponer el recurso ante el a quo, cuáles son los medios probatorios y los argumentos jurídicos específicos que pretende atacar mediante este recurso?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de tutela del 1 de febrero de 2017, respondió negativamente a este interrogante. Esta Corporación decidió conceder el amparo invocado por el tutelante y revocar la decisión del Tribunal Superior de Neiva, que había declarado inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia en el curso de un proceso civil de responsabilidad médica. En concepto del juez de segunda instancia, el recurso no cumplía con el requisito contenido en el artículo 322 CGP, referente a la exposición de “los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior”, ya que, al momento de su interposición, el recurrente solo afirmó que la sentencia de primera instancia había incurrido en “una indebida valoración probatoria y un inadecuado rompimiento del nexo causal”.

Para la Corte Suprema de Justicia, la carga impuesta al recurrente por el artículo 322 del CGP no exige una sustentación completa y detallada sobre los reparos del recurrente a la providencia apelada, sino simplemente “concretar los reparos sobre los cuales versará la sustentación ante el superior”. Por esta razón, imponer al recurrente la carga de precisar los argumentos jurídicos y los medios de prueba específicos contra los cuales versa su recurso, equivaldría a exigirle que sustentara el mismo ante el juez de primera instancia y no ante el de segunda, tal como lo ordena el artículo 327 CGP. En efecto, para la Corte: “no puede afirmarse que la exposición de los reparos contra la demanda fue general y abstracta, como lo hizo la autoridad accionada, pues exigir al recurrente que indique cuales fueron los medios probatorios indebidamente valorados o los argumentos con base en los cuales considera que el nexo causal se rompió indebidamente, equivale a imponerle la carga de sustentar su recurso en la misma audiencia, cuando con tal propósito el legislador consagró la respectiva diligencia de sustentación del recurso (inciso 2º del artículo 327 del Código General del Proceso)”. Consulte aquí la jurisprudencia

3. ¿La falta de pronunciamiento de un perito sobre los efectos que genera en la controversia la declaratoria de inexequibilidad de una norma, afecta el dictamen pericial?

El anterior interrogante fue resuelto de forma negativa por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación promovido en una acción-medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En la providencia, la Corporación debía emitir pronunciamiento respecto de la formulación de objeciones por error grave al dictamen por cuanto “[l]a primera instancia consideró que la objeción de dictamen relacionada con la declaratoria de inexequibilidad del inciso final del artículo 6 de la Ley 680 de 2001 tenía vocación de prosperidad puesto que la prueba está sustentada en lo señalado en dicha norma y se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno frente a las demás objeciones.”

Frente a la decisión del a quo, la Sala resaltó que al perito no le correspondía pronunciarse sobre los efectos que genera en la controversia la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, pues, la competencia del perito se debe restringir a sus conocimientos especializados en el área técnica, científica o artística. Así señaló el Consejo de Estado:

“Ahora bien, en relación con la decisión adoptada por la primera instancia que declaró próspera la objeción por error grave, debe señalarse que el perito debe informarle razonadamente al juez lo que evidenció de acuerdo con sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos especializados. Por ello, las mismas disposiciones legales han previsto que este medio probatorio es inadmisible para verificar aspectos de derecho (Art. 236, núm. 1, C.P.C.).

Lo expuesto permite entonces resaltar que no le correspondía al perito determinar los efectos que sobre la controversia tuvo la declaratoria de inexequibilidad del inciso final del artículo 6 de la Ley 680 de 2001 por ser un asunto que le compete únicamente al juez y, en esa medida, la decisión relativa a la concesión de la objeción por error grave resulta desacertada.”¹ Consulte aquí la jurisprudencia

4. ¿Cuál es la oportunidad para que el recurrente aporte un dictamen pericial a efectos de demostrar que se reúne el interés económico necesario para la concesión del recurso extraordinario de casación?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto del 3 de marzo de 2017 , señaló que conforme a las reglas contenidas en el artículo 339 del Código General del Proceso, el justiprecio del interés para recurrir en casación se determina con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, es decir, en principio, es con apoyo en las piezas procesales que debe determinarse si el interés económico para recurrir es suficiente para la concesión del recurso; sin embargo, si el recurrente lo considera necesario podrá aportar un dictamen pericial y ello debe hacerse al momento de interponer el recurso para que se decida de plano sobre la concesión del mismo.

Sobre este particular, haciendo referencia a las diferencias del nuevo régimen del Código General del Proceso con el del Código de Procedimiento Civil, se dice en la providencia que “(…) el nuevo estatuto procesal cambió el método para determinar el justiprecio del interés para acudir al citado recurso extraordinario, como quiera que desechó las reglas de un dictamen cuando no estuviese determinado, que antes consagraba el art. 370 del Código de Procedimiento Civil, y en su lugar fijó unas reglas más expeditas y simples tendientes a una determinación pronta (…)”

Luego de lo anterior, concluye la Corte que “no hay lugar a tramitaciones adicionales como en el anterior código, pues simplemente debe establecerse el quantum del interés para recurrir «con los elementos de juicio que obren en el expediente», esto es, con los  medios que estén presentes en el momento de decidir, sin perjuicio de que el recurrente, si lo estima necesario, pueda aportar un dictamen; pero por supuesto que esta facultad del interesado debe ejercerse con diligencia al interponer el recurso, y no después, cuando ya se le hubiese denegado, precisamente porque la norma prevé que el magistrado del tribunal respectivo, bien sea con los factores de persuasión presentes en el legajo, o con el dictamen que allegue el recurrente, tiene que decidir de plano sobre la concesión”. Consulte aquí la jurisprudencia

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1. Aclaración: Dado que en el momento en que fue practicada la prueba estaba vigente el Código de Procedimiento Civil (CPC), se dio lugar a las objeciones por error grave al dictamen de conformidad con el 238 del CPC. No obstante, se recuerda que dicha normatividad está derogada por el Código General del Proceso (ley 1564 de 2012) que eliminó la posibilidad de formulación de objeciones por error grave a dictámenes periciales.

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Boletín virtual número 96

Diciembre del 2016

1. ¿Es la reconstrucción del expediente causa de suspensión del proceso? En consecuencia, ¿las irregularidades ocurridas durante su trámite constituyen causa de nulidad a la luz del numeral 3° del artículo 133 del Código General del Proceso?

En ambos casos la respuesta es negativa, según providencia de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente LUIS ALONSO RICO PUERTA, radicación número: 08001-3103-013-2001-00093-01. (más…)

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Boletín virtual número 95

Noviembre de 2016

1. ¿El “error inducido” es la misma vía de hecho por consecuencia originada en una prueba falsa?

La respuesta es afirmativa, pues un juez que lleva el proceso por el ritual indicado por la ley, con total garantía de defensa para las partes y que a pesar de ejercer en debida forma su valoración crítica de las pruebas, no logra que su certeza fáctica se identifique con la realidad de lo acaecido, en virtud a un error cometido por alguien externo al proceso, verbigracia por un dato estadístico equivocado o información falsa proveniente de una autoridad registral, se dice que fue inducido por esa errática información, lo que es lo mismo una vía de hecho por consecuencia. (más…)

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Boletín virtual número 94

Octubre de 2016

1. ¿La posibilidad de conciliar hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso?

No, de acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-404 del 3 de agosto del 2016. Exactamente dijo la Corte: “para la Corte la posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso. En primer lugar, porque el artículo 29 de la Constitución no hace mención alguna de la conciliación, ni de otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Por otra parte, la inclusión de la conciliación como una garantía constitucional del debido proceso tampoco se desprende de una interpretación sistemática o teleológica de la Constitución. En efecto, es perfectamente posible que el Congreso decida excluir la posibilidad de que las partes solucionen controversias mediante la conciliación, o mediante otras formas de solución alternativa de conflictos, en determinados procesos. En efecto, tanto la determinación de los recursos y actuaciones propios de cada proceso, como la decisión respecto de las materias que pueden ser objeto de B conciliación hacen parte de la potestad de configuración del legislador. Por lo tanto, no existen en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto de los cuales el Legislador tenga el deber constitucional de permitir la conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación dentro del proceso, o por fuera de él.” (más…)

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