Boletines encontrados con la etiqueta "Vigencia de la ley procesal"



Boletín virtual número 85

Noviembre de 2015

1. ¿Puede el juez del recurso de anulación concluir que se interpuso una causal de anulación que no fue expresamente invocada, a partir de la interpretación de los argumentos expuestos para la sustentación de otra causal?

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de abril de 2015 con ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa1, al resolver un recurso de anulación cuya sustentación no encajaba en la causal invocada por el recurrente, afirmó que, “en aras de hacer prevalecer lo sustancial sobre lo meramente formal”, era deber de esa Corporación determinar cuál era la causal que en verdad se estaba alegando. La Sección Tercera señaló:

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Boletín virtual número 74

Septiembre de 2014

1. ¿Se vulnera el principio de Juez Competente, contenido en el artículo 29 de la CN, por el hecho de que el estatuto arbitral solo se refiera a la nulidad absoluta del pacto arbitral como causal de anulación del laudo, dejando por fuera de esta a la nulidad relativa del mismo?

La Corte Constitucional respondió afirmativamente el problema planteado. En efecto, mediante sentencia número C-572A de 2014 declaró inexequible la expresión ‘absoluta’, contenida en el numeral primero del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. A juicio de la Corte, la falta de inclusión de la nulidad relativa del pacto arbitral, como causal de anulación del laudo, “deja sin posibilidad de cuestionar, así sea por medio de un recurso extraordinario, la atribución de funciones arbitrales a individuos que no han sido expresa y válidamente habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma”. Por lo cual la norma no se compadece con la Constitución ni hace parte del margen de configuración del legislador en este tipo de asuntos. (más…)

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Boletín virtual número 73

Septiembre de 2014

1. ¿Lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA13-10073, en el que se definió la implementación progresiva del Código General del Proceso en los distritos judiciales del país, es vinculante para Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?

R. No, por lo tanto, debe entenderse que el Código General del Proceso (CGP) está vigente en materia contencioso administrativa desde el primero de enero de 2014 (fecha dispuesta en el artículo 627.6 del mismo). Así lo definió la Sala Plena del Consejo de Estado en auto [1] del 25 de junio de 2014 que resolvió el Recurso de Queja contra un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (más…)

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Boletín virtual número 68

Abril de 2014

1. ¿La inexistencia de los negocios jurídicos, que opera ipso iure, sin necesidad de un pronunciamiento judicial que la reconozca, requiere de un debate probatorio para su reconocimiento por parte del fallador en casos en los que, a diferencia de la regla general, la mentada anomalía no se evidencie de forma manifiesta o de bulto, sino que sea apneas aparente?

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2013 (1100131030401999-01651-01) respondió de forma afirmativa el anterior interrogante. En dicha providencia, la Corte, tras diferenciar la manifestación concreta del fenómeno de la ineficacia negocial conocida como inexistencia del contratito o negocio jurídico, de otro tipo de manifestaciones de tal ineficacia como la nulidad, entra la Sala definir que respecto de una pretensión de esta índole, dos pueden ser las actitudes del juez. En primer lugar, si el defecto del que adolece el acto aflora nítido, por ejemplo, falta la formalidad ab subtantiam exigida por la norma para el recorrido de la definición del negocio de que se trate, el juez simplemente se limita a reconocer de plano el fenómeno de la inexistencia, el cual, por su naturaleza y contorno propio opera ipso iure y sin necesidad de declaración judicial. En segundo lugar, y de forma contraria a la primera hipótesis, puede darse el caso en el que, si bien se pretende el reconocimiento de la inexistencia que se predica de un determinado negocio, el defecto que se depreca puede no mostrar de bulto la referida inexistencia, haciéndose necesario, así, que el juez del contrato, no pudiendo reconocerla de plano, se adentre en el análisis probatorio para reconocer los hechos en que se sustenta. Un ejemplo de este segundo escenario, se presenta cuando se alega la inexistencia del consentimiento a raíz de la falsificación de la firma de una de las partes del contrato, en tratándose de contratos solemnes en los que la solemnidad, valga la redundancia, consiste precisamente en la suscripción del referido documento contentivo del reglamento de intereses dado por las partes. (más…)

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