Libro:

Sección:

SECCIÓN CUARTA: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Título:

TÍTULO ÚNICO: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo:

Capítulo II Disposiciones especiales

Texto del artículo:

En la solicitud de licencia para levantamiento de patrimonio de familia inembargable o para enajenación de bienes de incapaces, deberá justificarse la necesidad y expresarse la destinación del producto, en su caso. 

Cuando se concedan licencias o autorizaciones, en la sentencia se fijará el término dentro del cual deban utilizarse, que no podrá exceder de seis (6) meses, y una vez vencido se entenderán extinguidas. 

Cuando se concedan licencias para enajenar bienes de incapaces, la enajenación no se hará en pública subasta, pero el juez tomará las medidas que estime convenientes para proteger el patrimonio del incapaz. 

Comentario:

En esta norma se indican los requerimientos para solicitar licencia para el levantamiento de patrimonio de familia inembargable o para la enajenación de bienes de incapaces.

Libro:

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SECCIÓN CUARTA: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Título:

TÍTULO ÚNICO: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo:

Capítulo II: Disposiciones especiales

Texto del artículo:

En los procesos para el reconocimiento de guardador testamentario y posesión del cargo, se observarán las siguientes reglas. 

1. Cuando el guardador solicite directamente que se le dé posesión del cargo, deberá acompañar a la demanda copia del testamento, la partida de defunción del testador y la prueba de la incapacidad del pupilo y cuando fuere el caso, de que no se halla bajo patria potestad. Si la prueba es suficiente, se prescindirá del término probatorio y se pronunciará la sentencia que lo reconozca, en el cual se le señalará caución en los casos previstos y término para presentarla.
2. Prestada la caución, el juez fijará la hora y fecha para entregar al guardador los bienes del pupilo por inventario, en el que se incluirán las cosas que, bajo juramento, denuncie el solicitante. A la entrega se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 1306 de 2009.
3. El menor adulto podrá pedir que se requiera al guardador para que manifieste si acepta el cargo y así lo ordenará el Juez y le señalará el término legal establecido para esa manifestación. Si el guardador presenta dentro de dicho término excusa o alega inhabilidad, se tramitará incidente, con la intervención del Ministerio Público.

Si el guardador acepta el cargo, se procederá como indican los numerales anteriores. 

Comentario:

Esta disposición establece las reglas para los procesos en que se reconozca el guardador testamentario y su posesión para el cargo.

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SECCIÓN CUARTA: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Título:

TÍTULO ÚNICO: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo:

Capítulo II Disposiciones especiales

Texto del artículo:

Para la declaración de ausencia de una persona se observarán las siguientes reglas: 

1. En la demanda deberá hacerse una relación de los bienes y deudas del ausente.
2. En el auto admisorio, el juez designará administrador provisorio, quien una vez posesionado asumirá la administración de los bienes. Igualmente, ordenará hacer una publicación un (1) día domingo en uno de los periódicos de mayor circulación en la capital de la República, y en un periódico de amplia circulación en el último domicilio conocido del ausente y en una radiodifusora con sintonía en ese lugar, que contenga:
3. a) La identificación de la persona cuya declaración de ausencia se persigue, el lugar de su último domicilio conocido y el nombre de la parte demandante.
4. b) La prevención a quienes tengan noticias del ausente para que lo informen al juzgado.
5. Recibidas noticias sobre el paradero del ausente, el juez hará las averiguaciones que estime necesarias a fin de esclarecer el hecho, para lo cual empleará todos los medios de información que considere convenientes. En caso contrario designará curador ad litem al ausente
6. Cumplidos los trámites anteriores el juez convocará a audiencia en la que practicará las pruebas necesarias y dictará sentencia. Si esta fuere favorable a lo pedido, en ella nombrará administrador legítimo o dativo. A esta administración se aplicará lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo precedente y, en lo pertinente, las normas sobre administración de bienes previstas en la Ley 1306 de 2009.
7. Se decretará la terminación de la administración de bienes del ausente en los casos del artículo 115, numeral 5, de la Ley 1306 de 2009. La solicitud podrá formularla cualquier interesado o el Ministerio Público. Cuando haya lugar a la entrega de bienes, el juez la efectuará.

Comentario:

En los numerales de este articulo muestran las pautas a seguir para la declaración de ausencia de una persona.

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SECCIÓN CUARTA: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Título:

TÍTULO ÚNICO: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo:

Capítulo II Disposiciones especiales

Texto del artículo:

Para la declaración de muerte presuntiva de una persona, se observarán las siguientes reglas: 

1. El juez dará cumplimiento a lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, en lo que fuere pertinente, con sujeción al numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, salvo lo relativo a la publicación en el Diario Oficial.
2. Si en la sentencia se declara la muerte presunta del desaparecido, en ella se fijará la fecha presuntiva en que ocurrió, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, ordenará transcribir lo resuelto al funcionario del estado civil del mismo lugar para que extienda el folio de defunción, y dispondrá que se publique el encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia, una vez ejecutoriada, en la forma prevista en el numeral 2 del artículo precedente.
3. Efectuada la publicación de la sentencia, podrá promoverse por separado el proceso de sucesión del causante y la liquidación de la sociedad conyugal, pero la sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación que en él se dicte podrá rescindirse en favor de las personas indicadas en el artículo 108 del Código Civil, si promueven el respectivo proceso verbal dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de dicha publicación.

En la sentencia del proceso verbal, si fuere el caso, se decretará la restitución de bienes en el estado en que se encuentren; pero si se hubieren enajenado se decidirá de conformidad con la ley sustancial. 

Comentario:

Son mencionadas las normas destinadas a obtener la declaración de muerte presuntiva de una persona.

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SECCIÓN CUARTA: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Título:

TÍTULO ÚNICO: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo:

Capítulo II Disposiciones especiales

Texto del artículo:

Podrá pedirse en la misma demanda, que se haga la declaración de ausencia y posteriormente la de muerte por desaparecimiento, y en tal caso los trámites correspondientes se adelantarán en cuadernos separados, sin que interfieran entre sí, y las solicitudes se resolverán con distintas sentencias. 

Comentario:

Teniendo presente el principio de economía procesal es posible acumular en una misma demanda la declaración de ausencia y la declaración de muerte presuntiva de una persona, pero existirá una sentencia para cada una de las solicitudes.

Libro:

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SECCIÓN CUARTA: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Título:

TÍTULO ÚNICO: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo:

Capítulo II Disposiciones especiales

Texto del artículo:

<Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 1996 de 2019. Rige a partir del 26 de agosto de 2021. Ver Notas del Editor. El nuevo texto es el siguiente:> Para la adjudicación de apoyos promovida por la persona titular del acto jurídico, se observarán las siguientes reglas: 

1. En la demanda que eleve la persona titular del acto jurídico deberá constar su voluntad expresa de solicitar apoyos en la toma de decisiones para la celebración de uno o más actos jurídicos en concreto.
2. En la demanda se podrá anexar la valoración de apoyos realizada al titular del acto jurídico por parte de una entidad pública o privada.
3. En caso de que la persona no anexe una valoración de apoyos o cuando el juez considere que el informe de valoración de apoyos aportado por la persona titular del acto jurídico es insuficiente para establecer apoyos para la realización del acto o actos jurídicos para los que se inició el proceso, el Juez podrá solicitar una nueva valoración de apoyos u oficiar a los entes públicos encargados de realizarlas, en concordancia con el artículo 11 de la presente ley.
4. En todo caso, como mínimo, el informe de valoración de apoyos deberá consignar:
5. a) Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones en los aspectos que la persona considere relevantes.
6. b) Los ajustes procesales y razonables que la persona requiera para participar activamente del proceso.
7. c) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía en las mismas.
8. d) Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida, y en especial, para la realización de los actos jurídicos por los cuales se inició el proceso.
9. e) Un informe general sobre el proyecto de vida de la persona.
10. En el auto admisorio de la demanda se ordenará notificar a las personas que hayan sido identificadas como personas de apoyo en la demanda.
11. Recibido el Informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes, correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días a las personas involucradas en el proceso y al Ministerio Público.
12. Una vez corrido el traslado, el Juez decretará las pruebas que considere necesarias y convocará a audiencia para escuchar a la persona titular del acto jurídico, a las personas citadas en el auto admisorio y para practicar las demás pruebas decretadas, en concordancia con el artículo 34 de la presente ley.
13. Vencido el término probatorio, se dictará sentencia en la que deberá constar:
14. a) El acto o actos jurídicos delimitados por la sentencia que requieren el apoyo solicitado.
15. b) La individualización de la o las personas designadas como apoyo.
16. c) La delimitación de las funciones de la o las personas designadas como apoyo.
17. d) Los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes y las demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona.
18. e) En ningún caso el Juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso.
19. f) Las salvaguardias destinadas a evitar y asegurar que no existan los conflictos de interés o influencia indebida del apoyo sobre la persona.
20. Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días excusa, se niega a ser designado como apoyo, o alega inhabilidad, se tramitará incidente para decidir sobre el mismo.

Comentario:

La Ley 1996 de 2019 contiene el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, teniendo como objeto “establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.”. Conforme con la presunción de capacidad de todas las personas consagrado en el artículo 6 de esta ley se crean los apoyos definidos como “tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales.”. En el artículo 37 de esta Ley 1996 de 2019 modificó este artículo, indicando lo siguiente:

“Artículo 586. Adjudicación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico. Para la adjudicación de apoyos promovida por la persona titular del acto jurídico, se observarán las siguientes reglas: 

1. En la demanda que eleve la persona titular del acto jurídico deberá constar su voluntad expresa de solicitar apoyos en la toma de decisiones para la celebración de uno o más actos jurídicos en concreto. 

2. En la demanda se podrá anexar la valoración de apoyos realizada al titular del acto jurídico por parte de una entidad pública o privada. 

3. En caso de que la persona no anexe una valoración de apoyos o cuando el juez considere que el informe de valoración de apoyos aportado por la persona titular del acto jurídico es insuficiente para establecer apoyos para la realización del acto o actos jurídicos para los que se inició el proceso, el Juez podrá solicitar una nueva valoración de apoyos u oficiar a los entes públicos encargados de realizarlas, en concordancia con el artículo 11de la presente ley.

4. En todo caso, como mínimo, el informe de valoración de apoyos deberá consignar: 

a) Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones en los aspectos que la persona considere relevantes. 

b) Los ajustes procesales y razonables que la persona requiera para participar activamente del proceso. 

c) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía en las mismas. 

d) Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida, y en especial, para la realización de los actos jurídicos por los cuales se inició el proceso. 

e) Un informe general sobre el proyecto de vida de la persona. 

5. En el auto admisorio de la demanda se ordenará notificar a las personas que hayan sido identificadas como personas de apoyo en la demanda. 

6. Recibido el Informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes, correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días a las personas involucradas en el proceso y al Ministerio Público. 

7. Una vez corrido el traslado, el Juez decretará las pruebas que considere necesarias y convocará a audiencia para escuchar a la persona titular del acto jurídico, a las personas citadas en el auto admisorio y para practicar las demás pruebas decretadas, en concordancia con el artículo 34 de la presente ley. 

8. Vencido el término probatorio, se dictará sentencia en la que deberá constar: 

a) El acto o actos jurídicos delimitados por la sentencia que requieren el apoyo solicitado. 

b) La individualización de la o las personas designadas como apoyo. 

c) La delimitación de las funciones de la o las personas designadas como apoyo. 

d) Los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes y las demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona. 

e) En ningún caso el Juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso. 

f) Las salvaguardias destinadas a evitar y asegurar que no existan los conflictos de interés o influencia indebida del apoyo sobre la persona. 

9. Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días excusa, se niega a ser designado como apoyo, o alega inhabilidad, se tramitará incidente para decidir sobre el mismo”.

Libro:

Sección:

SECCIÓN CUARTA: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Título:

TÍTULO ÚNICO: PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Capítulo:

Capítulo II Disposiciones especiales

Texto del artículo:

<Artículo modificado por el artículo 42 de la Ley 1996 de 2019. Rige a partir del 26 de agosto de 2021. Ver Notas del Editor. El nuevo texto es el siguiente:> En cualquier momento, podrán solicitar la modificación o terminación de los apoyos adjudicados: 

1. La persona titular del acto jurídico;
2. La persona distinta que haya promovido el proceso de adjudicación judicial y que demuestre interés legítimo podrá solicitar;
3. La persona designada como apoyo, cuando medie justa causa;
4. El juez de oficio.

El Juez deberá notificar de ello a las personas designadas como apoyo y a la persona titular del acto, si es del caso, y correrá traslado de la solicitud por diez (10) días para que estas se pronuncien al respecto. 

En caso de no presentarse oposición, el Juez modificará o terminará la adjudicación de apoyos, conforme a la solicitud. 

Comentario:

La Ley 1996 de 2019 contiene el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Esta ley establece la presunción de capacidad en el artículo 6, al indicar que “Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.”. Los mencionados apoyos definidos en el artículo 3 de esta ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. En el artículo 42 de esta Ley 1996 de 2019 modificó este artículo, indicando lo siguiente:

“Artículo 587. Modificación y terminación de la adjudicación de apoyos. En cualquier momento, podrán solicitar la modificación o terminación de los apoyos adjudicados: 

a. La persona titular del acto jurídico; 

b. La persona distinta que haya promovido el proceso de adjudicación judicial y que demuestre interés legítimo podrá solicitar; 

c. La persona designada como apoyo, cuando medie justa causa; 

d. El juez de oficio. 

El Juez deberá notificar de ello a las personas designadas como apoyo y a la persona titular del acto, si es del caso, y correrá traslado de la solicitud por diez (10) días para que estas se pronuncien al respecto. 

En caso de no presentarse oposición, el Juez modificará o terminará la adjudicación de apoyos, conforme a la solicitud”.

Libro:

Título:

TÍTULO I: MEDIDAS CAUTELARES

Capítulo:

Capítulo I Normas generales

Texto del artículo:

 Cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolverá, a más tardar, al día siguiente del reparto o a la presentación de la solicitud. 

Tratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos a registro el juez la comunicará al registrador por el medio más expedito. 

De la misma manera se comunicará el decreto de medidas cautelares a quien deba cumplir la orden. 

Comentario:

En reciente sentencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Octavio Tejeiro, número de expediente T 2500022130002022-00518-02 se recordó que el artículo 588 CGP “buscó que la solicitud de medidas cautelares sean resueltas, a más tardar, al día siguiente de su presentación”; y en consecuencia, en aquellos casos en los que el juzgado de instancia incurra en mora en la decisión acerca de la solicitud de una medida cautelar, hay lugar a conceder el amparo de la acción de tutela.

Libro:

Título:

TÍTULO I: MEDIDAS CAUTELARES

Capítulo:

Capítulo I Normas generales

Texto del artículo:

En los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal. 

El juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. 

Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y esta deberá prestarse después de la diligencia en el término que el juez indique, que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante deberá pagar los daños y perjuicios que se hubieren causado, multa de hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv), y la medida cautelar se levantará. Mientras no sea prestada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar, salvo que el perjudicado con la misma lo acepte. 

PARÁGRAFO. Las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse valer ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales. 

Comentario:

Para un amplio sector de la doctrina nacional y extranjera, las medidas cautelares para la práctica de pruebas extraprocesales no son realmente medidas cautelares porque buscan conseguir la verdad material en el proceso, y no la finalidad de las medidas cautelares: la ejecución de la sentencia futura312.

La constitucionalidad de esta norma fue cuestionada ante la Corte Constitucional por considerarse que era violatoria del derecho fundamental a la igualdad al dejar por fuera de sus efectos a quienes acudan a la administración de justicia por cuestiones distintas a la competencia desleal y propiedad intelectual. Esta demanda fue resuelva por la Corte en la sentencia C-536 de 2016 de 5 de octubre, magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo en la que el alto tribunal se declaró inhibido para fallar por no haberse “cumplido las exigencias mínimas que impone la formulación de un cargo por la violación del mandato de trato igual establecido en el artículo 13 de la Constitución.”

Notas al pie de página del comentario:

312: Rodríguez Mejía, M. Medidas cautelares en el proceso arbitral, Universidad Externado de Colombia, 2012: p.59-60

Libro:

Título:

TÍTULO I: MEDIDAS CAUTELARES

Capítulo:

Capítulo I Normas generales

Texto del artículo:

 En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares: 

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

1. a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso. 

1. b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella. 

El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad. 

1. c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. 

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. 

2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia.

PARÁGRAFO PRIMERO. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las medidas cautelares previstas en los literales b) y c) del numeral 1 de este artículo se levantarán si el demandante no promueve ejecución dentro del término a que se refiere el artículo 306. 

Comentario:

Este es sin duda una disposición cardinal en materia cautelar en el proceso, porque establece no solo lo relativo a la adopción y decreto de las comunmente conocidas como medidas cautelares nominadas: inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro, embargo y secuestro, sino también, de todas aquellas que en cada caso concreto se requieran para garantizar la efectividad de la sentencia futura (medidas cautelares innominadas).

El alcance de esta disposición ha trascendido el plano del proceso civil. De ello da cuenta una sentencia reciente de la Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2021, del 25 de febrero, magistrada ponente Cristina Pardo, en donde se establece la posibilidad de aplicar esta norma de forma analógica al proceso laboral toda vez que, dice la Corte, se entiende que “con ellas el legislador responde “a la variedad de circunstancias que se pueden presentar” en el proceso, por lo que resultan idóneas y eficaces para prevenir daños y garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los trabajadores en sus distintas dimensiones.”

También, desde la doctrina se aboga por aplicar esta disposición a los procesos en los que se deba proteger a una víctima de violencia de género313.

Notas al pie de página del comentario:

313: Ver Niño-Patiño, N: “Elementos del enfoque de género en clave constitucional” UNA Rev. Derecho (En línea). Vol. 7 (1). Julio 2022, pp. 28-29.